Sentencia del T.S.J
Actualidad Jurídica,  Decisiones del T.S.J.,  Derecho Laboral

Sentencia sobre las Condiciones del Contrato de Trabajo a Tiempo Determinado

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Sentencia: 0343                N° Expediente: 19-154

Procedimiento: Recurso de Casación

Sentencia Completa

Ponencia de la Magistrada Dra. MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA

En el proceso por cobro de beneficios laborales que sigue el ciudadano CÉSAR ALEXANDER MORENO CONTRERAS, titular de la cédula de identidad                   N° V-15.800.446, representado en juicio por los profesionales del Derecho Cristina Margarita Solano de Fernández, Segunda Oneida Moya Gómez y Arnaldo Pino Yanes, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos 150.727, 151.122 y 65.982, respectivamente, contra  el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)representado judicialmente por los abogados Marialyz José Ortegano Álvarez, María Eugenia Peña Valera, Mayra López de Martín, Yalile Beirutty Petit, Denis Mariel Acosta Torres, Desiree Carolina Bolívar Viur, Carlos Castro Urdaneta, Yaney Marquina Jiménez, Grecia Maduro Reyes, Catherine Marshall Gutiérrez, Haidy Carolina Sierraalta y Norberto Rafael Salinas, con INPREABOGADO Nos 82.847, 52.044, 40.639, 44.451, 188.902, 102.919, 90.583, 61.611, 110.870, 51.798, 79.650 y 232.912, en su orden; el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia publicada en fecha 18 de julio de 2018, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y parcialmente con lugar la demanda, por lo que consecuencialmente, modificó el fallo proferido el 25 de octubre de 2017, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio de la referida Circunscripción Judicial, que había declarado parcialmente con lugar la acción incoada.

Contra la decisión de alzada, la parte demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido el día 14 de mayo de 2019, constando en autos escrito de formalización presentado tempestivamente. No hubo impugnación.

En fecha 13 de junio de 2019, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Dra. Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Mediante auto del 4 de julio de 2019, fue fijada la audiencia oral, pública y contradictoria prevista en el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para el día martes 6 de agosto de 2019, a las nueve y treinta minutos de la mañana               (9:30 a.m.),

Celebrada la aludida audiencia en la oportunidad indicada y pronunciada la decisión en forma oral e inmediata, conforme a lo establecido en el artículo 174 eiusdem, procede la Sala a reproducirla in extenso, quedando redactada en los términos siguientes:

DEL RECURSO DE CASACIÓN

-I-

De conformidad con el numeral 3 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia el vicio de incongruencia negativa “debido a la omisión de pronunciamiento por parte del sentenciador sobre hechos alegados en la audiencia y que constan en auto”. (Sic).

Asevera, que la “controversia fundamental de este caso se circunscribe a determinar si el trabajador César Moreno (…) es beneficiario del Contrato Colectivo, para que se termine de ordenar sean cancelados todos los beneficios laborales que adeuda el CNE en función a las Convenciones Colectivas”, para lo cual, ante la duda generada en el juez ad quem al desconocer los fundamentos utilizados por la juez de primera instancia que motivaron su decisión, efectuó una serie de cuestionamientos, lo que produjo la alegación por su parte de la existencia de un indicio de reconocimiento del Consejo Nacional Electoral, acerca de la aplicación de la convención colectiva, por cuanto en la audiencia de juicio este reconoció el carácter de beneficiario de la Convención Colectiva 2017-2019 del ciudadano César Alexander Moreno Contreras, al haberle cancelado el bono único compensatorio estipulado en la cláusula N° 73, “por el tiempo transcurrido sin haber discutido la Convención Colectiva”, lo cual fue corroborado a través de la consignación del recibo de pago para “la vista del ad quem” girado a favor del demandante, debido a que el mismo no forma parte de las pruebas documentales por generarse con posterioridad a la fecha en que se introdujo la demanda.

Expone, que su contraparte a los efectos de contrarrestar su argumento y ante la pregunta efectuada por el juez de alzada –motivo de dicho pago– aseguró, contradictoriamente a lo indicado en la audiencia oral de juicio, que dicho pago “fue una especie de obsequio, regalo o concesión por parte de la presidenta del CNE en vista de la situación del país”.

En conexión a lo anterior, considera que al haberse “conformado un argumento nuevo que no hiciera en primera instancia para tratar con eso de desestimar que en el caso de César Moreno es Beneficiario del Contrato Colectivo”, y visto que “no presentó ninguna prueba nueva permitida según Art. 520 Código de Procedimiento Civil, que lo ayudara a sustentar su alegato.”, es evidente, a su decir, la materialización del vicio de incongruencia negativa aducido, al no apreciarse pronunciamiento alguno “acerca de un alegato y hecho tan fundamental, que fue bastante discutido y que no pueden pretender menos preciarlo, minimizarlo o simplemente silenciarlo”.

Asegura, que al no existir “prueba ni anterior ni posterior donde se pueda apreciar una razón diferente que justifique el pago de lo dispuesto en la cláusula 73”, debe considerarse ineludiblemente que el accionante es beneficiario de los dos (2) contratos colectivos suscritos por el Consejo Nacional Electoral.

Para decidir, esta Sala de Casación observa:

Previo a la resolución de la denuncia, se advierte que el vicio de incongruencia, no está consagrado en la ley adjetiva laboral como motivo de casación. No obstante, esta Sala en sentencia Nº 572 de fecha 4 de abril de 2006 (caso: Eva Victoria Faría Zaldiviar contra Banco Provincial, S.A. Banco Universal), acogió la doctrina sentada por la Sala Constitucional en sentencia N° 3.706 de fecha 6 de diciembre de 2005 (caso: Ramón Napoleón Llovera Macuare), en la que se indicó, que cuando se considere que el fallo recurrido no es congruente con las alegaciones y defensas expuestas por la partes en litigio en violación de uno de los requisitos de la sentencia, el recurrente puede fundamentar su recurso de casación por defecto de forma, al incurrir el Tribunal de alzada en el vicio de incongruencia, aplicando de manera supletoria, los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil. En dicha oportunidad, igualmente se estableció, que si la infracción cometida por la instancia tiene influencia determinante en el dispositivo del fallo, se anulará la sentencia recurrida y se decidirá el fondo de la controversia en conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En atención a lo expuesto, indica esta Sala que el artículo 243, ordinal 5°, del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable por remisión expresa del artículo 11 de la ley adjetiva laboral, exige que toda sentencia debe contener ‘decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia’, disposición que establece el principio de congruencia del fallo” que le impone al juez el deber de resolver sólo sobre lo alegado y probado en autos.

Así pues, una sentencia es congruente cuando guarda relación con los pedimentos del libelo de demanda y los términos en que el demandado dio su contestación. De allí que, la demanda y la defensa son presupuestos básicos de la sentencia, por ello la congruencia no es sino la acertada relación entre la controversia y la sentencia.

En este sentido, esta Sala de Casación Social según sentencia Nº 1.156 de fecha 3 de julio de 2006 (caso: Yury Ivette Cáceres Maldonado, contra Banco Plaza C.A.), ratificada en el fallo N° 440 de fecha 16 de mayo de 2012 (caso: Rigoverto Jesús Manzanares contra Consorcio Ghella), se determinó que la incongruencia negativa se verifica cuando el jurisdicente omite el debido pronunciamiento sobre algunos de los términos del problema judicial, teniendo como aspecto fundamental a los supuestos de “citrapetita”.

Del mismo modo, contemplan los artículos 12 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por una parte el deber que tienen los jueces de dictar sus decisiones conforme a lo alegado y probado en autos, sin poder extraer elementos de convicción fuera de éstos ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, y por la otra, que la sentencia será nula, entre otras causas, por faltar las determinaciones indicadas en el artículo 243 eiusdem.

En el caso sub examine, lo delatado por la representación judicial de la parte actora ciudadano César Alexander Moreno Contreras, es el vicio de incongruencia negativa, argumentando que el juez de alzada no se pronunció acerca de un hecho sobrevenido, como lo es la cancelación del bono compensatorio previsto en la cláusula N° 73  de la Convención Colectiva 2017-2019 –suscrita durante el transcurso del presente litigio-, lo que a su entender, constituye prueba suficiente para determinar que el demandante era acreedor al pago de los conceptos peticionados conforme a la convención colectiva 2010-2012.

Aunado a lo anterior, asegura que la trasgresión expuesta se verifica cuando la parte demandada en la audiencia de alzada afirmó que dicho pago se debía a una dadiva otorgada por parte de la presidenta del organismo, cuando de la revisión de la audiencia de juicio se puede corroborar que la misma representación judicial afirma que la nueva contratación colectiva no excluye a los laborantes que ostentan la condición del accionante, y que por ende está recibiendo los beneficios acordados en dicho cuerpo normativo de carácter convencional.

Lo anteriormente expuesto, obliga a esa Sala a reproducir lo asentado por el fallo de alzada en su motiva en lo que respecta al recurso de apelación de la parte demandada, cuyo tenor es el siguiente:

(…) En este sentido, resulta menester analizar el contenido de la mencionada Convención Colectiva, el cual en su cláusula 1 denominado AMBITO DE APLICACIÓN (ver folios 92 y 116 de la presente pieza principal n° 1), el cual reza lo siguiente:

(…Omissis…)

Asimismo, es importante señalar que es aspecto referido al termino beneficiario y beneficiara establecido por dicha convención.

(…Omissis…)

Así las cosas, tenemos que la Convención Colectiva supra mencionada en revisión, establece delineadamente cuales son los trabajadores que se le aplica únicamente aquéllos trabajadores que entran dentro de la categoría de funcionarios y funcionarias, entendiéndose como persona natural que tal carácter haya sido designada por la máxima autoridad y detente un cargo previsto en el tabulador de funcionarios y funcionarias del CNE, y quedan excluidos los que no hayan sido designados bajo esa modalidad.

Ahora bien, resulta pertinente y necesario para esclarecer el asunto sometido a consideración, traer a colación la Ley del Estatuto de la Función Pública, pues en su contenido se identifica con prominencia quienes son considerados empleados o empleadas de carrera (Funcionarios o funcionarias de carrera), esto, a los efectos de determinar si el ciudadano César Alexander Moreno Contreras, parte hoy demandante en su carácter de “supervisor de producción”, es beneficiario de los derechos inherentes a la Convención Colectiva del trabajo del CNE, para ellos observamos lo siguiente:

(…Omissis…)

Determinado lo anterior, este Juzgado cree conveniente señalar, y debe advertir este Juzgador que de la lectura de la Convención Colectiva del Trabajo, suscrita entre el Consejo Nacional Electoral y los funcionarios al servicio del CNE., se evidencia que el ámbito de aplicación de la misma se circunscribe solo y únicamente a los funcionarios y funcionarias públicas de carrera que prestan servicios para el CNE. (requisitos ut-supra), y no como en el caso concreto, donde se evidencia que el ciudadano César Alexander Moreno Contreras, no prestan servicio como empleados públicos de carrera, sino como un trabajador contratado con sucesivos contratos que se convirtieron a tiempo indeterminado (véase n° 1, folios 32, 33 y del 56, 57, 58, 59,79).

Por lo tanto, visto que de la lectura de las cláusulas de la Convención Colectiva, se evidencia que excluye tácitamente a los trabajadores contratados este arriba a la conclusión de que el demandante no le es aplicable las disposiciones normativas de la Convención Colectiva de trabajo eiusdem, por cuanto carece de cualidad legal necesaria para ser acreedor de los beneficios establecidos en dicha Convención, por lo tanto a este juzgado le es forzoso declarar forzosamente IMPROCEDENTE todos los conceptos peticionados en base a la Convención.

En consecuencia, no se extienden los beneficios laborales de la Convención Colectiva del CNE, a los trabajadores contratados, ya que la supra Convención no indica que dicha extensión se haga al personal contratado a tiempo determinado, en el presente caso se evidencia del material probatorio que el trabajador demandante labora bajo la modalidad de contrato, y no se puede inferirse que, se aplique de manera extensible dichos beneficios laborales a los empleados contratados por más de (7) años, por lo tanto para que sean otorgados debe cumplir con los requisitos establecidos en dicha Convención, y en el marco consagrado en las leyes y Constitución. Así se establece. (Sic) (Destacado de la Cita).

De la reproducción efectuada, aprecia este órgano jurisdiccional que el juzgado ad quem para emitir su pronunciamiento, analizó primigeniamente el ámbito de aplicación contenido en la cláusula N° 1 de la contratación colectiva, y determinó que al no ostentar el ciudadano César Alexander Moreno Contreras la condición de funcionario público de carrera, y visto que incluso se excluía de la aplicación del convenio colectivo a los trabajadores a tiempo indeterminado, era forzoso declarar la improcedencia de las acreencias laborales peticionadas, debido a que no podía ser considerado beneficiario de las normas de carácter convencional suscrita entre el Consejo Nacional Electoral y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Electoral (SINTRAPEL).

En ese contexto, es menester para esta Sala indicar que en el caso sub-lite,  la parte actora en fecha 22 de febrero de 2017, ejerció demanda por cobro de beneficios laborales contenidos en la “Primera Convención Colectiva del Poder Electoral 2010-2012”, por considerar que al suscribir sucesivos contratos, debía ser calificado como funcionario y, por ende le correspondía ser favorecido por las estipulaciones convencionales otorgadas en la prenombrada contratación colectiva.

Por tanto, la litis se circunscribió en determinar si el accionante con motivo de los diversos contratos de trabajo a tiempo determinado suscritos con su empleador –Consejo Nacional Electoral–, debería ser considerado beneficiario de las cláusulas previstas en la contratación Colectiva de Trabajo del Poder Electoral 2010-2012.

 En ese contexto, el juez de alzada, visto los puntos de apelación expuestos por la parte accionada, atinentes a la falta de requisitos fundamentales del demandante para ser beneficiario de la contratación colectiva del Consejo Nacional Electoral, así como la supuesta equivocación del a quo al ordenar el pago de los conceptos laborales con base a la convención colectiva, decidió, luego del análisis de la Cláusula N° 1 de la aludida contratación colectiva 2010-2012, que al estar exceptuados de su aplicación los laborantes que presten servicios a favor del Consejo Nacional Electoral de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, aplicable ratione temporis, -trabajadores a tiempo indeterminado, tiempo determinado u obra determinada-, era ineludible declarar la improcedencia de los conceptos peticionados acorde a lo acordado en las distintas cláusulas citadas en el libelo de demanda.

Ahora bien, resulta indefectible destacar que durante el decurso de la causa, fue homologada el 29 de mayo de 2017, la “Segunda Convención Colectiva del Poder Electoral 2017-2019”, por lo que de manera sobrevenida se conformó como parte del controvertido la extensión de los beneficios contenidos en la referida contratación convencional, debido a que el actor alegó tanto en la audiencia de juicio como en la audiencia de segunda instancia que le había sido cancelado el bono compensatorio previsto en la cláusula N° 73.

Dichos alegatos fueron discutidos en juicio, según se desprende de la revisión de la audiencia ante el juez de alzada, a lo cual la representación judicial de la parte demandada indicó que reconocía el pago efectuado, por cuanto la Presidencia del Consejo Nacional Electoral de modo discrecional ha decidido otorgar una serie de beneficios al personal contratado en aras de salvaguardar la “capacidad adquisitiva de los trabajadores” del ente electoral, pero que ello no significaba, en modo alguno, que dicha convención subrogue al accionante en la condición de beneficiario.

Es por ello que, esta Sala de Casación Social, en uso de sus atribuciones, pasa a analizar los argumentos de la entidad de trabajo demandada a través de su apoderada judicial en la audiencia de juicio (Vid. video de la audiencia a partir del minuto veinticuatro con veintidós segundos -24:22-), quien aseveró:

…Igualmente, entró en vigencia, luego de una discusión, la segunda convención colectiva, la cual a diferencia de la primera, no excluye a los trabajadores bajo esta modalidad de contrato que el Consejo Nacional Electoral le reconoció al ciudadano, es decir, en la actualidad el ha empezado a gozar de los beneficios de esta segunda convención colectiva, pero retroactivamente no podemos aplicar el reconocimiento de tales beneficios, primero por la irretroactividad del mismo y segundo porque en el contrato anterior que lo regia para ese lapso de tiempo estaba excluida. La contraparte acaba de argumentar igualmente que solo se la ha cancelado una suma de ciento veinte mil bolívares, que está prevista en la cláusula N° 73 como bono compensatorio por la no discusión, porque la vigencia era hasta el 2012 y se discutió fue este año -2017- la convención colectiva y el bono le fue cancelado a todos los trabajadores, ya el trabajador debió haber llenado su planilla para el beneficio de guardería y de ayuda escolar que fueron nuevos beneficios que se establecieron en el contrato colectivo…

De la transcripción efectuada, se denota de manera fehaciente, el reconocimiento expreso por parte de la parte accionada de la extensión de los beneficios estipulados en la convención colectiva 2017-2019, a favor del ciudadano César Alexander Moreno Contreras, al aseverar que los laborantes que no tuvieren condición de funcionarios, a diferencia de la contratación colectiva anterior, no fueron excluidos de su ámbito de aplicación.

En consecuencia, visto lo decidido por el Juzgado ad quem, se constata que ciertamente no hubo pronunciamiento alguno sobre lo peticionado por el formalizante, pues el juzgador de segunda instancia se circunscribió a pronunciarse acerca del ámbito de aplicación  referido en la “Primera Convención Colectiva del Poder Electoral 2010-2012”, obviando emitir decisión acerca del argumento sobrevenido y válidamente alegado en juicio, referido a que le correspondía al actor ser beneficiario de la “Segunda Convención Colectiva del Poder Electoral 2017-2019”, debido al reconocimiento directo de la representación judicial del Consejo Nacional Electoral, por lo que se patentiza la ocurrencia del enunciado vicio de incongruencia negativa por falta de pronunciamiento y; por ende se declara con lugar la delación planteada. Así se establece.

Por lo tanto, se declara con lugar el recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, se anula la sentencia recurrida. Siendo innecesario analizar las restantes denuncias formuladas por la parte recurrente; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta Sala procede a conocer del fondo del asunto en los términos siguientes:

DECISIÓN SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA

La parte demandante ciudadano César Alexander Moreno Contreras, en su escrito libelar, alegó que comenzó a prestar servicios para el Consejo Nacional Electoral, en fecha 17 de febrero de 2010, por medio de un contrato a tiempo determinado por proyecto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de Ley Orgánica del Trabajo.

Aduce que desde la fecha de inicio del vínculo laboral, le han renovado el contrato suscrito en ocho (8) oportunidades consecutivas, siendo el octavo el correspondiente al año 2017 y desde esa fecha, a su decir se encuentra laborando en las mismas condiciones, cumpliendo para el mes de febrero de 2017, siete (7) años de servicios a favor del accionado.

Indica que a “visto esquivos muchos beneficios” como trabajador, por cuanto el Consejo Nacional Electoral se ha “excusado en el tipo o forma de contrato”, dejando, a su decir, de honrar hasta las acreencias laborales que se contemplan “como básicos” en la normativa laboral, logrando con esto una marcada desigualdad, injusticia, exclusión y discriminación, precarizando así la relación de trabajo y condiciones.

Manifiesta, que el aludido artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicable ratione temporis, establece que un contrato a tiempo determinado “prorrogado” dos veces, se convierte en un contrato a tiempo indeterminado, y siendo que en su caso particular le han renovado el contrato en ocho (8) oportunidades, e incluso en el año 2014 fue objeto de un cambio a la Oficina Regional del Distrito Capital, donde efectuó actividades “muy diferentes y que no guardan relación” con las funciones para las que fue contratado primigeniamente, se materializa la violación del principio de la realidad sobre las formas o apariencias dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

En virtud de las argumentaciones formuladas reclama lo siguiente:

Concepto Convención colectiva 2010-2012 Bs.F
1 Bono de alimentación Cláusula N° 28 2.160.480,00
2 Evaluación por desempeño Cláusula N° 35 1.722.644,00
3 Bono de fin de año Cláusula N° 36 2.214.828,00
4 Vacaciones Cláusula N° 32 307.615,00
5 Bono vacacional Cláusula N° 33 455.270,20
6 Guardería Cláusula N° 42 1.869.348,00
7 Juguetes, útiles y rendimiento Cláusula N° 42 60.517,69
8 Prima de antigüedad Cláusula N° 29 369.138,00
9 Prestaciones sociales Cláusula N°39 820.306,66
10 Días de salario no percibidos   79.979,90
11 Salario desigual   1.845.966,48
12 días adicionales por año   86.132,20

Por lo anterior, estima la demanda en la cantidad de Bs. 11.922.226,20, más los montos que resultan por intereses de mora, indexación, costos y  costas del proceso.

Del mismo modo, en la audiencia de juicio la parte demandante asevera como hecho sobrevenido que “recientemente le fue otorgado por el CNE algunos beneficios de la Convención Colectiva, tales como: la guardería, bono de indemnización por retardo en la firma de la Convención Colectiva, por la cantidad de Bs. 120.000,00”, lo que a su decir, se constituye en prueba fehaciente de su condición de beneficiario de la misma, por lo que solicita la aplicación íntegra de  la “Segunda Convención Colectiva del Poder Electoral 2017-2019”. Además, asegura que el Consejo Nacional Electoral después de la suscripción del tercer contrato, ingresa al personal a la nómina de los funcionarios públicos.

Por su parte, la entidad de trabajo accionada Consejo Nacional Electoral, en su escrito de contestación a la demanda, niega en todas y cada una de sus partes la acciona propuesta por el ciudadano César Alexander Moreno Contreras, “tanto en los hechos por falsos como en el derecho por improcedentes”.

Sin embargo, reconoce que el accionante trabaja para el Consejo Nacional Electoral, desde el 17 de febrero de 2010, bajo la modalidad de contratado a tiempo determinado por proyecto, iniciado en la Dirección General de Logística y Producción y actualmente en la Oficina Regional Electoral del Distrito Capital.

Por otra parte, asevera que el ámbito de aplicación de la Convención Colectiva del Poder Electoral 2010-2012, excluye a los trabajadores a tiempo determinado, por lo que no pudiera considerar el accionante que es acreedor a los beneficios estipulados en dicho cuerpo normativo de carácter convencional.

Asegura, que el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como única forma de ingreso a la Administración Pública el concurso público, por lo que mal podría ser ingresado como funcionario público, ya que de ninguna forma cumple con los requisitos que la norma constitucional prevé como forma de ingreso a la administración.

Adicionalmente, expone que el Consejo Nacional Electoral en uso de su autonomía funcional y presupuestaria que le viene dada por mandato Constitucional y en ejercicio de sus funciones, “como es bien sabido en el país  se han venido realizando año tras año jornadas electoral, que hacen necesaria la contratación de recurso humano, con el fin de ejecutar los proyectos y actividades destinadas a llevar acabo tales procesos electorales”, por lo que el ciudadano  César Alexander Moreno Contreras ha sido contratado en reiteradas oportunidades, en vista de que ser calificado como un trabajador “responsable y cumplidor de sus obligaciones”, pero ello no significa que el ente electoral tenga intención de tener ese personal como fijo dentro de la institución, por lo que categóricamente rechaza que debe considerarse al actor un laborante a tiempo indeterminado o funcionario electoral.

Además, en la audiencia oral de juicio -en aras de contrarrestar los alegatos sobrevenidos expuestos por su contraparte- indica que no es cierto que se haya estipulado que después de tres (3) contratos se deba ingresar a la nómina de los funcionarios públicos del Consejo Nacional Electoral, sino que por políticas del Consejo Nacional Electoral al existir un personal con más de tres (3) contratos y con un buen comportamiento, a discreción de la Presidencia se ingresa ese personal a la nómina de los funcionarios fijos.

En ese mismo hilo argumentativo, admite que en la actualidad la Convención Colectiva vigente ya no excluye a los trabajadores con la modalidad de contrato que detenta el accionante, y, adicionalmente, acepta que el accionante recibió el pago de la indemnización por el retardo en la firma de la nueva Convención Colectiva prevista en la cláusula N° 73.

Por último, reconoce que los funcionarios tienen derecho al disfrute vacacional, además de los días de receso por festividades navideñas dados por la Institución.

Establecido lo anterior, esta Sala de Casación Social estima oportuno destacar que en innumerables sentencias emanadas de esta instancia se ha precisado que la distribución de la carga de la prueba en materia laboral, se fijará de acuerdo con la forma en la que el accionando dé contestación a la demanda, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 135 eiusdem. Por ende, queda fuera del controvertido la condición de beneficiario de la “Segunda Convención Colectiva del Poder Electoral 2017-2019”, por cuanto como se desprende de autos y conforme fue aseverado en la denuncia que permitió entrar  a la resolución del fondo de la controversia, hubo un reconocimiento expreso en la audiencia de juicio de que los trabajadores con la condición del demandante, eran acreedores de las estipulaciones contenidas en la misma.

Planteados como han quedado los hechos alegados por la parte actora, así como las excepciones y defensas opuestas por la demandada, se aprecia que la controversia está circunscrita a determinar: i) la calificación jurídica que debe atribuírsele al vínculo jurídico que unió a las partes por la suscripción continua de contratos de trabajo a tiempo determinado, ii) el ámbito de aplicación de la convención colectiva del Poder Electoral 2010-2012, y; iii) la procedencia o no de los conceptos peticionados.

Establecidos como han quedado los términos de la actual controversia, esta Sala de Casación Social pasa a analizar las pruebas promovidas y evacuadas por las partes.

 

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA:

 

1.- Promovió marcado con el número “1” (f. 3 del cuaderno de conservación), Primera Convención Colectiva del Poder Electoral 2010-2012, la cual ostenta carácter normativo de acuerdo a la doctrina reiterada de esta Sala, por ende, se consideran Derecho, de conformidad con el principio iura novit curia, el juez conoce del Derecho.

2.- Produjo marcado con el numero “2” (f. 28 de la pieza N° 1 del expediente), evaluación de desempeño del Personal Administrativo-Técnico-Profesional en el período comprendido de enero a junio de 2014, la cual fue impugnada por la parte a quien se le opuso por no estar suscrita por el departamento de Talento Humano. No obstante lo expuesto, esta Sala le confiere valor probatorio, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dicha probanza se extrae que el ciudadano César Alexander Moreno Contreras fue evaluado en el desempeño de su cargo de Supervisor de Producción de la Plataforma Tecnológica Electoral por su superior inmediato Tibaldo Hermoso en su condición de Coordinador Regional de Registro con un puntaje máximo de 100 puntos. La prueba consta de sello del Consejo Nacional Electoral y de las firmas tanto del evaluado y de su supervisor inmediato como de su supervisor mediato.

 

3.- Aportó identificada con el número “3” (ff. 29  y 30 de la pieza N° 1 del expediente), planilla de consulta de movimiento de fideicomiso de Banco Banesco a favor del ciudadano César Alexander Moreno Contreras, la cual, al no ser ratificada en juicio, carecen de eficacia probatoria de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

 4.- Produjo marcado con el número “4” (f. 31 de la pieza N° 1 del expediente), credenciales del Consejo Nacional Electoral de distintos eventos electorales pertenecientes al ciudadano César Alexander Moreno Contreras, esta Sala procede a desestimarla, por cuanto no aporta elementos de relevancia para la resolución de la controversia.

 

5.- Aportó identificada con el número “5” (f. 32 de la pieza N° 1 del expediente), constancia de trabajo emanada del Consejo Nacional Electoral a favor del ciudadano César Alexander Moreno Contreras de fecha 16 de septiembre de 2010, la cual no fue desconocida por la parte a quien se le opuso, por lo que esta Sala le confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dicha documental se desprende que el actor prestó servicios para la Dirección General de Logística y Producción, en calidad de contratado, desempeñando el cargo de Operador de Producción de la Planta Tecnológica Electoral, devengando un salario integral mensual de Bs. 2.106,00, en virtud del contrato suscrito desde el 17 de febrero de 2010 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

6.- Promovió marcada con el número “6” (f. 33 de la pieza N° 1 del expediente), constancia de trabajo emanada del Consejo Nacional Electoral a favor del ciudadano César Alexander Moreno Contreras de fecha 28 de agosto de 2015, la cual no fue desconocida por la parte a quien se le opuso, por lo que esta Sala le confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dicha probanza se evidencia que el accionante prestó servicios para la Dirección General de Logística y Producción, adscrito al Proyecto “Elecciones y/o Consultas 2015”, en calidad de personal contratado a tiempo determinado, desempeñando el cargo de Supervisor de Producción de la Planta Tecnológica Electoral, devengando un salario integral mensual de Bs. 7.422,00, en virtud del contrato suscrito desde el 5 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

7.- Produjo marcada con el número “7” (f. 34 de la pieza N° 1 del expediente), constancia de trabajo emanada del Consejo Nacional Electoral a favor del ciudadano César Alexander Moreno Contreras de fecha 19 de julio de 2016, la cual no fue desconocida por la parte a quien se le opuso, por lo que esta Sala le confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dicha documental se desprende que el actor prestó servicios para la Dirección General de Logística y Producción, adscrito al Proyecto “Elecciones y/o Consultas 2016”, en calidad de personal contratado a tiempo determinado, desempeñando el cargo de Supervisor de Producción de la Planta Tecnológica Electoral, devengando un salario integral mensual de Bs. 15.052,00, en virtud del contrato suscrito desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

8.- Aportó identificado con el número “8” (f. 35 de la pieza N° 1 del expediente), comunicación dirigida al ciudadano César Alexander Moreno Contreras por parte de la Directora General de Talento Humano de la entidad de trabajo, en fecha 25 de febrero de 2014, a la cual, no siendo impugnada por la parte a quien se le opuso, esta Sala le confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y  78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De la misma se desprende que a partir de la fecha de la referida comunicación se le notificó al actor que prestaría sus servicios en la Oficina Regional Electoral del Distrito Capital, sin que ello significare modificación alguna en el cargo y asignación salarial percibida como contratado a tiempo determinado por proyecto en la Dirección General de Logística y Producción.

 

9.- Promovió identificadas con los números “9” y “10 (ff. 36 y 37 de la pieza N° 1 del expediente), comunicaciones dirigidas al ciudadano César Alexander Moreno Contreras, en fechas 19 de octubre de 2010 y 17 de diciembre de 2013, atinentes a la autorización de permiso por estudio y culminación de contrato de trabajo para dicho período, respectivamente. Esta Sala procede a desestimarlas, por cuanto no aportan elementos de relevancia para la resolución de la controversia.

 

10.- Produjo marcadas con los números “11”, “12” y “13” (ff. 38 al 40 de la pieza N° 1 del expediente), comunicaciones elaboradas por el ciudadano César Alexander Moreno Contreras y dirigidas a la Oficina Regional Electoral del Distrito Capital, en fechas 1° de agosto de 2016, 20 de septiembre de 2016 y 19 de enero de 2017, en su orden, las cuales aun siendo atacadas por la parte demandada con base al principio de alteridad, esta Sala les confiere valor probatorio, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por constar de sello y firme en acuse de recibo por parte de la oficina a las cuales fueron emitidas. De dichas probanzas se extrae la solicitud del actor del disfrute de sus vacaciones vencidas, al no haber sido honradas por motivos ajenos a su voluntad, debido a que durante siete (7) años ha prestado servicios bajo la figura de contratado por proyecto y por ley no se la otorgado el beneficio mencionado.

11.- Aportó identificado con el número “14” (ff. 41 al 43 de la pieza N° 1 del expediente), comunicación emitida por el ciudadano César Alexander Moreno Contreras y dirigida al Coordinador de Oficinas Regionales Electorales del Consejo Nacional Electoral en fecha 5 de octubre de 2016, la cual si bien no fue impugnada por la parte a quien se les opuso, la misma manifestó que en dicha prueba se observa que el accionante conoce que debía de llenar la planilla correspondiente para solicitar vacaciones, por tanto, esta Sala les confiere valor probatorio, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dicha probanza se extraen los motivos detallados que considera el actor, lo hacen acreedor de las vacaciones vencidas, al tener contratos sucesivos desde el año 2010. Asimismo, asegura a través de la misiva que la entidad de trabajo no ha cumplido “ni siquiera con los requisitos de la ley laboral”,  por lo que solicita los buenos oficios de la oficina correspondiente para la gestión del beneficio de vacaciones.

12.- Produjo marcados con el número “15” (ff. 44 al 55  de la pieza N° 1 del expediente), consulta de recibos de pago en un rango de fechas desde el 15 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2016, pertenecientes al ciudadano César Alexander Moreno Contreras,  documentales que siendo reconocidas por la parte demandada, esta Sala les confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.de las mismas se evidencian los salarios percibidos por el accionante en el mencionando período.

 

13.- Promovió identificado con el número “16” (ff. 56 al 59 de la pieza N° 1 del expediente), contrato a tiempo determinado, suscrito entre el ciudadano César Alexander Moreno Contreras y el Consejo Nacional Electoral en fecha 17 de febrero de 2010, documental que no siendo impugnada por la parte a quien se les opuso, esta Sala les confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De la misma se desprende documento contentivo de diecinueve (19) cláusulas, mediante el cual el actor se comprometió a prestar servicios a favor de la demandada en el cargo de Operador de Producción de la Plataforma Tecnológica Electoral, teniendo el contrato vigencia desde el 17 de febrero de 2010 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

 

14.- Produjo marcados con el número “17” (ff. 60 al 63 de la pieza N° 1 del expediente), contrato a tiempo determinado y addendum, suscrito entre el ciudadano César Alexander Moreno Contreras y el Consejo Nacional Electoral en fechas 10 de enero de 2011 y 4 de agosto de 2011, respectivamente, documentales que no siendo impugnadas por la parte a quien se les opuso, esta Sala les confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dichas pruebas se documento contentivo de diecisiete (17) cláusulas, mediante el cual el actor se comprometió a prestar servicios a favor de la demandada en el cargo de Operador de Producción de la Plataforma Tecnológica Electoral, teniendo el contrato vigencia desde el 10 de febrero de 2011 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

 

15.- Aportó identificado con el número “18” (ff. 64 al 66 de la pieza N° 1 del expediente), contrato a tiempo determinado, suscrito entre el ciudadano César Alexander Moreno Contreras y el Consejo Nacional Electoral en fecha 9 de enero de 2012, documental que no siendo impugnada por la parte a quien se les opuso, esta Sala les confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dicha prueba se evidencia documento contentivo de diecisiete (17) cláusulas, mediante el cual el actor se comprometió a prestar servicios a favor de la demandada en el cargo de Supervisor de Producción de la Plataforma Tecnológica Electoral, para el proyecto “Elecciones y/o Consultas 2012”, teniendo el contrato vigencia desde el 9 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

 

16.- Promovió marcado con el número “19” (ff. 67 al 69 de la pieza N° 1 del expediente), contrato a tiempo determinado, suscrito entre el ciudadano César Alexander Moreno Contreras y el Consejo Nacional Electoral en fecha 7 de enero de 2013, documental que no siendo impugnada por la parte a quien se les opuso, esta Sala les confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dicha instrumental se desprende documento contentivo de quince (15) cláusulas, mediante el cual el actor se comprometió a prestar servicios a favor de la demandada en el cargo de Supervisor de Producción de la Plataforma Tecnológica Electoral, con ocasión del “Alistamiento de la Plataforma Automatizada del Voto”, teniendo el contrato vigencia desde el 7 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

 

17.- Produjo marcado con el número “20” (ff. 70 al 72 de la pieza N° 1 del expediente), contrato a tiempo determinado, suscrito entre el ciudadano César Alexander Moreno Contreras y el Consejo Nacional Electoral en fecha 13 de enero de 2014, documental que no siendo impugnada por la parte a quien se les opuso, esta Sala les confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dicha instrumental se desprende documento contentivo de quince (15) cláusulas, mediante el cual el actor se comprometió a prestar servicios a favor de la demandada en el cargo de Supervisor de Producción de la Plataforma Tecnológica Electoral, con ocasión del “Mantenimiento, Actualización y Renovación de la Plataforma Automatizada del Voto”, teniendo el contrato vigencia desde el 13 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

 

18.- Aportó identificados con el número “21” (ff. 73 al 76 de la pieza N° 1 del expediente), contrato a tiempo determinado, suscrito entre el ciudadano César Alexander Moreno Contreras y el Consejo Nacional Electoral en fecha 5 de enero de 2015, documental que no siendo impugnada por la parte a quien se les opuso, esta Sala les confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dicha instrumental se desprende documento contentivo de dieciséis (16) cláusulas, mediante el cual el actor se comprometió a prestar servicios a favor de la demandada en el cargo de Supervisor de Producción de la Plataforma Tecnológica Electoral, teniendo el contrato vigencia desde el 5 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

19.- Produjo marcado con el número “22” (ff. 73 y 78 de la pieza N° 1 del expediente), contrato a tiempo determinado, suscrito entre el ciudadano César Alexander Moreno Contreras y el Consejo Nacional Electoral en fecha 1° de enero de 2016, documental que no siendo impugnada por la parte a quien se les opuso, esta Sala les confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dicha instrumental se desprende documento contentivo de dieciséis (16) cláusulas, mediante el cual el actor se comprometió a prestar servicios a favor de la demandada en el cargo de Supervisor de Producción de la Plataforma Tecnológica Electoral, teniendo el contrato vigencia desde el 1° de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

 

20.- Promovió marcada con el número “24” (f. 79 de la pieza N° 1 del expediente), copias de comunicación dirigida por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Electoral (SINTRAPEL) a la Presidencia del Consejo Nacional Electoral, la cual fue atacada por la contraparte, y en consecuencia, al no demostrarse si autenticidad en juicio mediante otras pruebas, carecen de eficacia probatoria de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

21.- Aportó identificados con los números “25” y “26” (ff. 80 y 81 de la pieza N° 1 del expediente), planillas de pago único por útiles y textos escolares. Tales documentales fueron impugnadas por la parte demandada, por carecer de firma y sello que puedan confirmar emanan de la accionada, razón por la cual carecen de eficacia probatoria.

 

22.- Produjo marcada con los números “26” (sic) y “27” (ff. 82 y 83 de la pieza N° 1 del expediente), actas de nacimientos de la hija y el hijo del ciudadano César Alexander Moreno Contreras, a las cuales, esta Sala les confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

23.- Promovió marcado con el número “29” (f. 84 de la pieza N° 1 del expediente), memorando, emitido por la Dirección General de Talento Humano y dirigido a las Direcciones Generales y Oficinas Regionales, de fecha 26 de julio de 2106, documental que no siendo impugnada por la parte a quien se les opuso, esta Sala les confiere valor probatorio, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dicha instrumental se desprende la aclaratoria sobre solicitudes de vacaciones del personal bajo supervisión de cada una de las dependencias mencionadas, por cuanto se notaba con  preocupación la extemporaneidad con que eran remitidos los trámites para las vacaciones y con ello la indebida acumulación de períodos vacacionales instaurados en la cláusula N°32 de la convención colectiva de trabajo 2010-2012.

 

24.- Aportó identificada con el número “31” (f. 85 de la pieza N° 1 del expediente), constancia de trabajo emanada del Consejo Nacional Electoral a favor del ciudadano César Alexander Moreno Contreras de fecha 27 de enero de 2017, la cual no fue desconocida por la parte a quien se le opuso, por lo que esta Sala le confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dicha documental se desprende que el actor presta servicios para la Dirección General de Logística y Producción, en calidad de contratado, desempeñando el cargo de Supervisor de Producción de la Planta Tecnológica Electoral, devengando un salario básico mensual de Bs. 40.639,00, en virtud del contrato suscrito desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

 

25.- Produjo marcada con el número “32” (f. 86 de la pieza N° 1 del expediente), constancia de trabajo emanada del Consejo Nacional Electoral a favor del ciudadano César Alexander Moreno Contreras de fecha 21 de febrero de 2017, la cual no fue desconocida por la parte a quien se le opuso, por lo que esta Sala le confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dicha documental se desprende que el actor prestó servicios para la Dirección General de Logística y Producción, en calidad de personal contratado a tiempo determinado, desempeñando el cargo de Supervisor de Producción de la Planta Tecnológica Electoral, devengando un salario básico mensual de Bs. 51.069,00, en virtud del contrato suscrito desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

26.- Promovió marcado con el número “33” (f. 87 de la pieza N° 1 del expediente), consulta de recibos de pago en un rango de fechas desde el 15 de septiembre de 2016 al 15 de enero de 2017, pertenecientes al ciudadano César Alexander Moreno Contreras,  documentales que siendo reconocidas por la parte demandada, esta Sala les confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.de las mismas se evidencian los salarios percibidos por el accionante en el mencionando período.

 

27.- Aportó signada con el número “34” (f. 87 de la pieza N° 1 del expediente), registro de unión estable de hecho del ciudadano César Alexander Moreno Contreras y la ciudadana Leinny Alejandra Vegas Muñoz, a la cual, no siendo impugnada, se le concede valor probatorio de conformidad con los artículos 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

28.- Produjo identificado con el número “35” (ff. 56 al 59 de la pieza N° 1 del expediente), contrato a tiempo determinado, suscrito entre el ciudadano César Alexander Moreno Contreras y el Consejo Nacional Electoral, documental que no siendo impugnada por la parte a quien se les opuso, esta Sala les confiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De la misma se desprende documento contentivo de doce (12) cláusulas, mediante el cual el actor se comprometió a prestar servicios a favor de la demandada en el Auxiliar Administrativo, teniendo el contrato vigencia desde el 1° de abril de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

 

LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA:

 

1.- Promovió copia simple de la Primera Convención Colectiva del Poder Electoral 2010-2012, que riela a los ff. 92 al 96 de la pieza N° 1 del expediente, la cual ostenta carácter normativo de acuerdo a la doctrina reiterada de esta Sala, por ende, se consideran Derecho, de conformidad con el principio iura novit curia, el juez conoce del Derecho.

 

De la declaración de parte:

En la oportunidad procesal prevista en el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la juez de juicio en ejercicio de sus facultades, exhortó al ciudadano César Alexander Moreno Contreras a que rindiera declaración, extrayéndose como respuesta, lo que a continuación se reproduce:

… que desde el 2009 hasta el 2017 existían dos modalidades de contrato los de proyecto y los de planta, siendo que se dan casos que dos trabajadores hacen las mismas actividades y dependiente del contrato le pagan los beneficios por lo que hay desigualdad en este sentido. Que desde el año 2017 tiene contrato de planta, lo que le permite disfrutar algunos beneficios pero no todos. Reconoció que por lo general desde la segunda quincena de diciembre salen de receso de actividades en el Consejo Nacional Electoral hasta por lo general el 9 o 15 de enero dependiendo de lo acordado por la Presidencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las declaraciones rendidas por las partes tienen carácter de confesión en cuanto a los hechos controvertidos. No obstante, debe valorarse en armonía con los medios probatorios aportados por las partes. Así se establece.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

 

Efectuado el análisis probatorio que antecede, esta Sala de Casación Social procede a decidir la presente controversia, en los términos siguientes:

El punto medular en el caso sub examine, deviene en determinar en principio si la parte demandante es beneficiaria de la contratación colectiva del poder Electoral 2010-2012, por considerar que por las suscripción de contratos sucesivos debió ser calificado como un trabajador a tiempo indeterminado.

Al respecto, resulta imperativo reproducir el contenido de la cláusula N° 1 de la referida contratación colectiva, la cual es del siguiente tenor:

 

Cláusula 1

DEFINICIONES

(…Omissis…)

*ÁMBITO DE APLICACIÓN: Las disposiciones contenidas en la Convención Colectiva se aplicaran a las funcionarias y funcionarios al servicio del CNE, entendidos como toda persona natural que con tal carácter haya sido designada por la máxima autoridad y detente un cargo previsto en el tabulador de funcionarias y funcionarios del CNE, así como las obreras y obreros, todos al servicio directo del CNE. En consecuencia, quedan exceptuados de la presente Convención Colectiva las trabajadoras y trabajadores que presten servicios al CNE de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de Ley Orgánica del Trabajo.

Del extracto transcrito de la “Primera Convención Colectiva del Poder Electoral”, se desprende que la cualidad de beneficiarios de la contratación colectiva in commento¸ serán aquellos trabajadores que detenten dos condiciones indispensables, a saber: i) que sean funcionarios de carrera, y, ii) que el cargo desempeñado se encuentre en el tabulador del organismo. Asimismo, contempla que los trabajadores que mantengan una relación de subordinación con el Consejo Nacional Electoral, bajo alguna de las figuras previstas en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, aplicable ratione temporis, estarán excluidos del ámbito de aplicación de la misma.

El artículo que demarca la exclusión del convenio colectivo prevé que “El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o para una obra determinada”, lo que significa, que siendo la pretensión del actor ser  considerado un trabajador a tiempo indeterminado con motivo de la suscripción de contratos de manera continua, es evidente que de igual modo lo exceptúa de la aplicación de la contratación de la convención colectiva de trabajo, por cuanto a pesar de sostener que el Consejo Nacional Electoral ha incluido a otros trabajadores en la nómina de funcionarios después de la firma del tercer contrato, ello no obsta, a que en su caso deba cumplir con el postulado constitucional contendido en el artículo 146 de la Carta Magna, el cual reza que el ingreso de los funcionarios públicos a los cargos de carrera será por concurso público.

Aunado a lo que antecede, resulta indispensable destacar que el accionante en la audiencia oral ante la alzada reconoció que sólo los funcionarios de carrera al servicio del Poder Electoral, son beneficiarios de la contratación colectiva y siendo su aspiración en principio ser considerado un trabajador a tiempo indeterminado, más allá de cualquier análisis exegético, es forzoso para esta Sala concluir que el ciudadano ciudadano César Alexander Moreno Contreras no es beneficiario de la “Primera Convención Colectiva del Poder Electoral 2010-2012”, por no ostentar la condición de funcionario de carrera al servicio del máximo órgano electoral.

Ahora bien, siendo parte del controvertido el argumento sobrevenido de la parte actora, atinente a la aplicación a su favor de la “Segunda Convención Colectiva del Poder Electoral 2017-2019”, al habérsele cancelado el “Bono Compensatorio por no Discusión de la Convención Colectiva” previsto en la cláusula N° 73 del referido cuerpo normativo, resulta imperativo precisar que dicho alegato fue atacado por la parte accionada durante la audiencia de alzada, al afirmar que el pago efectuado se debía a un acto discrecional por parte de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, en aras de preservar el poder adquisitivo del personal contratado que hace vida en la institución, por cuanto los trabajadores que no ostentaran la condición de funcionarios de carrera al igual que en la primera contratación colectiva estaban excluidos del ámbito de aplicación.

En ese contexto, resulta necesario precisar que la Cláusula N° 1 de la contratación colectiva 2017-2019, prevé:

AMBITO DE APLICACIÓN: Las disposiciones contenidas en la Convención Colectiva se aplicaran a las funcionarios, funcionarias (…) al servicio del CNE, entendidos como toda persona natural que con tal carácter haya sido designada por la máxima autoridad y detente un cargo previsto en el tabulador de funcionarias y funcionarios (…) del CNE, todos al servicio directo del Poder Electoral…

De la cláusula transcrita, se evidencia que el carácter de beneficiarios de la contratación colectiva in commento, está limitada a los trabajadores que gocen de la condición de funcionarios de carrera, lo que per se excluiría al ciudadano César Alexander Moreno Contreras del ámbito de aplicación de la misma.

No obstante, conforme se precisó en la resolución de la denuncia del recurso de casación ejercido, en este caso en particular la representación judicial de la parte accionada Consejo Nacional Electoral, contrariamente a lo expuesto en la audiencia de alzada, afirmó expresa y categóricamente en la audiencia de juicio que el demandante a pesar de no ostentar el carácter de funcionario de carrera, está siendo beneficiario de manera íntegra de la convención colectiva suscrita para el período 2017-2019 (Vid. Video ante la juez de primera instancia de juicio desde el minuto veinticuatro con veintidós segundos -24.22-).

Por tanto, visto que existió un reconocimiento expreso por parte de la representación judicial de la parte demandada, de que el ciudadano César Alexander Moreno Contreras no fue excluido del ámbito de aplicación de  la “Segunda Convención Colectiva del Poder Electoral 2017-2019”, se insta a la entidad de trabajo que aplique en su integridad a favor del demandante la aludida contratación colectiva, en virtud del principio in dubio pro operario, que obliga a los administradores de justicia en casos como el de autos a reconocer la existencia de condiciones más beneficiosas a favor del débil económico –trabajador-, debido a la conducta procesal de la parte demandada, todo en aras de garantizar la progresividad de los derechos laborales.

En cuanto, a la condición del tipo de contrato que detenta el actor, resulta imperativo indicar que conforme a las previsiones contenidas en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, y el carácter especialísimo del contrato a tiempo determinado, al evidenciarse la suscripción de contratos sucesivos desde el año 2010 hasta la actualidad, debe concluirse que el ciudadano César Alexander Moreno Contreras, ostenta la condición de un laborante a tiempo indeterminado conforme lo efectuó el ad quem –cuestión que no fue refutada por la parte demandada-. Así se establece.

En definitiva, de conformidad con el principio non reformatio in  peius y en aras de no desmejorar la condición del único recurrente, esta Sala pasa a reproducir los conceptos declarados procedentes, al afirmarse acertadamente que si bien no le es aplicable al actor  la contratación colectiva del trabajo 2010-2012, que con motivo de la ultraactividad de los contratos colectivos rigió hasta la suscripción de la “Segunda Convención Colectiva del Poder Electoral 2017-2019”, no es menos cierto que existen acreencias laborales que no fueron honradas, según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras.

En consecuencia, se insta al Consejo Nacional Electoral, que proceda al pago de los siguientes conceptos, a saber:

1.- Vacaciones: visto que quedó demostrado en autos que al accionante si ha solicitado su disfrute vacacional, y no existe prueba alguna en cuanto al disfrute de las mismas, se determinar que tiene derecho al disfrute a partir de que la presente decisión se encuentre definitivamente firme, de todas sus vacaciones vencidas y no disfrutadas, desde el período 2011-2012 hasta la entrada en vigencia de la “Segunda Convención Colectiva del Poder Electoral 2017-2019”, los cuales deberán ser cancelados de conformidad con lo establecido en el artículo 190 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, tomando como antigüedad para tales fines la fecha de ingreso al Consejo Nacional Electoral, es decir el 17 de febrero de 2010.

A los efectos de su cuantificación deberá el experto determinar la cantidad de días de disfrute adeudados, los cuales deberán ser calculados tomando como base de cálculo la remuneración percibida en el mes inmediatamente anterior a que se produzca el disfrute efectivo (Vid. Artículo 197 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras). Así se establece.

2.- Prima de evaluación: considerando que el accionante fue evaluado por su jefe inmediato en el año 2014 con el máximo puntaje (Vid. f. 28 y su vuelto), según se desprende de la prueba marcada con el número “2”, la cual goza de pleno valor probatorio, es forzoso declarar la procedencia del concepto peticionado a partir del año 2012 –año desde que tenía derecho al beneficio-, visto que conforme a la distribución de la carga probatoria el demandante logró demostrar a través un elemento de convicción, la condición de acreedor del derecho en discusión.

En consecuencia, el pago por tal concepto debe ser cancelado desde el año 2012, tomando en cuenta los montos cancelados a los trabajadores que ostenten el mismo cargo, y que hayan sido evaluados con el máximo puntaje. Al menos que posteriormente hubiere evaluación con puntaje diferente, siendo aplicable este último. Así se establece.-

Para tal fin el Consejo Nacional Electoral deberá suministrar al experto información con respecto a lo pagado por tal concepto a los trabajadores fijos con el puntaje máximo en su evaluación, tomando en cuenta el salario devengado por el actor en cada período, según aparece reflejado en el documento denominado “Consulta de recibo de pago en un rango de fechas” cursante en autos del folios 44 al 55 de la pieza principal. En caso que para tal beneficio corresponda a los trabajadores fijos con base a salario integral el experto deberá tomar en cuenta la el salario integral devengado por el accionante, a tenor de los dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras.

Finalmente, con respecto a los intereses de mora de los conceptos condenados, se ordena su cálculo a partir de la fecha en que nació el derecho al trabajador de percibirlo, ello, conforme a lo establecido en la sentencia proferida por esta Sala publicada bajo el N° 1.097 el 13 de octubre de 2010 (Caso: Carlos Alberto Gómez Niño y otro contra Alimentos Polar Comercial, C.A. y otras), ratificada en sentencia N° 965 del 29 de julio de 2014 (Caso: César José Rodríguez López contra Croissants y Chocolate Chip Cookies, C.A.). Cuyo cálculo se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos 128 y 142 literal f) de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, aplicándose la tasa activa fijada por el Banco Central de Venezuela. Dichos intereses no serán objeto de capitalización, ni indexación. Así se declara.

Asimismo, se ordena el pago de la corrección monetaria sobre el resto de los conceptos condenados a pagar a partir de la fecha de notificación de las demandadas hasta la oportunidad del pago efectivo, excluyendo el lapso de inactividad procesal por acuerdo entre las partes, y aquellos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales y recesos judiciales. Así se decide.

En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

No obstante, esta Sala establece que si para el momento de la ejecución de la presente decisión está en práctica en el aludido tribunal, lo establecido en el Reglamento del Procedimiento Electrónico para la Solicitud de Datos del Banco Central de Venezuela, el cual fue dictado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.616 de fecha 9 de marzo de 2015, el juez ejecutor procederá a aplicar éste con preferencia a la experticia complementaria del fallo, para el cálculo de los intereses moratorios e indexación de los conceptos condenados. Así se declara.

En mérito de las consideraciones expuestas, se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por el ciudadano César Alexander Moreno Contreras contra el Consejo Nacional Electoral. Así se declara.

 

DECISIÓN

Por las motivaciones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMEROCON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte actora ciudadano CÉSAR ALEXANDER MORENO CONTRERAS, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, publicada el 18 de julio de 2018; SEGUNDO: SE ANULA la decisión recurrida. TERCEROPARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada.

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra identificada. Particípese de la presente remisión al Tribunal Superior de origen, todo ello en atención a lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil diecinueve. Años: 209º de la Independencia y 160º de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

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MARJORIE CALDERÓN GUERRERO

El Vicepresidente,                                                                                 Magistrado,

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JESÚS MANUEL JIMÉNEZ ALFONZO                               EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ

Magistrada Ponente,                                                                           Magistrado,

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MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA      DANILO ANTONIO MOJICA MONSALVO

La Secretaria,

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MARÍA LUISAURYS VÁSQUEZ QUINTERO

R.C. N° AA60-S-2019-000154

Nota: Publicada en su fecha a

 La Secretaria,

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