Exequátur

Exequátur

Definición de Exequátur

Es un procedimiento jurídico internacional por el cual un Estado solicita a otro Estado el reconocimiento, la ejecución u homologación de una sentencia que se dictó en el Estado requirente a efectos de asegurar la eficacia extraterritorial de la misma. Es decir se procura la ejecución de la sentencia en virtud a los principios de seguridad jurídica, mutua cooperación y reciprocidad internacional, y en caso de existir, a los Tratados y Convenios Internacionales como fuente directa del Derecho Internacional Privado, cuya aplicación es obligatoria cuando un Estado es parte de dicho tratado o lo ha suscrito y facultativa cuando no es parte del tratado.Según el T.S.J.“Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la solicitud formulada, se observa que toda solicitud de exequátur debe fundamentarse para su decisión, en la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado.Dicho orden de prelación aparece claramente expuesto en el artículo 1° de la Ley de Derecho Internacional Privado, en los términos siguientes:Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los Tratados Internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las Normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptado.

La disposición transcrita ordena, en primer lugar, la aplicación de las Normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular las establecidas en los Tratados Internacionales vigentes en Venezuela.»

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/200202-0528-22617-2017-15-641.HTML

Objeto y fin del Exequátur

Son objeto del exequátur todos los actos judiciales pronunciados en forma de fallo o sentencia, los cuales son susceptibles de ser reconocidos siempre que cumplan los requisitos de ser de carácter privado en materia civil, comercial o laboral y hayan sido dictados por autoridades judiciales competentes del Estado requirente.

El fin del reconocimiento internacional de fallos o sentencias extranjeras es garantizar la seguridad jurídica o cosa juzgada, es decir, lograr que la sentencia traspase las fronteras del Estado en donde fueron dictadas y se reconozca en el extranjero, sin que ello signifique que el Estado requerido vulnere con ese acto su soberanía.

En el caso de la ejecución de las sentencias de Pensión Alimenticia, la competencia radica en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en aplicación a la Convención sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero.

Principios aplicables del Exequátur

Para la homologación de sentencias extranjeras se deben observar los siguientes principios doctrinarios de Derecho Internacional Privado:

Verificación de Tratado.- Es decir si existen tratados en la materia con el Estado del cual emana la sentencia se debe atener a estos, caso contrario, se aplicará el principio de reciprocidad.

Principio de Reciprocidad.- Implica que el Estado exhortado brindará auxilio judicial al Estado exhortante en la medida que éste último le proporcione ante determinada causa con características internacionales, similar apoyo.

Regularidad Internacional de los Fallos.- Es decir que exista compatibilidad entre la sentencia y las leyes del país donde se solicita que sea reconocida, cumpliendo los siguientes requisitos:

  1. Que no contenga nada contrario a la legislación del país donde se tramita.
  2. Que no se oponga a la jurisdicción del país donde se tramita.
  3. Que la parte contra quien se invoca la sentencia haya sido notificada conforme a derecho.
  4. Que la sentencia se encuentre ejecutoriada conforme a la ley del Estado de donde se otorgó.

Requisitos para que el Exequátur pueda ser homologado

Para que la sentencia o laudo arbitral extranjero pueda ser homologado debe atenerse al cumplimiento de ciertos requisitos:

El Código Sánchez de Bustamante, en su Art. 423, que dice:

Art. 423.- Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno de los Estados contratantes tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las siguientes condiciones:

1.- Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado.

2.- Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, para el juicio.

3.- Que el fallo no contravenga al orden público o al derecho público del país en que quiere ejecutarse.

4.- Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte.

5.- Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado.

6.- Que del documento en que conste, reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el Estado de que proceda, y los que requiera, para que haga fe, la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia (…)”.

La Convención Interamericana sobre Eficacia de Sentencias y Laudos Extranjeros también señala en su artículo 2 los requisitos que deben observarse:

Art. 2.- Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeras a que se refiere el artículo 1, tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes si reúnen las siguientes condiciones:

1.- Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden.

2.- Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los documentos anexos que fueren necesarios según la presente Convención, estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto.

3.- Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto.

4.- Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto.

5.- Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto.

6.- Que se haya asegurado la defensa de las partes.

7.- Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados.

8.- Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución (…)”.

El artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado (LDIP) prevé que: “las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos… Que no versen sobre derechos bienes reales respecto a inmuebles situados en la República… “. Además se observa que al tiempo en que fue dictada la sentencia de divorcio en el extranjero, el domicilio conyugal no estaba ubicado en Venezuela, lo que da cumplimiento a otro requerimiento. La sentencia a la cual se tramita el otorgamiento del exequatur o pase de sentencias extranjeras con abogado en Venezuela respetará las normas establecidas en los Tratados Internacionales suscritos y aprobados por Venezuela: estar apostillada y traducida al castellano, esto para que surta eficacia en suelo patrio. El citado artículo regula que la providencia extranjera para ser ejecutada en Venezuela no podrá ser incompatible con sentencia de data anterior que tenga validez en el territorio nacional; ni puede estar pendiente en la República Bolivariana de Venezuela juicio que verse sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado con anterioridad a dicha sentencia extranjera.

El Juzgado Superior competente que conocerá los trámites del Exequatur o pase de sentencias extranjeras con abogado en Venezuela, luego de verificar que se haya dado cumplimiento a cada uno de los supuestos de lo pautado en el artículo 53 de la mencionada ley, evaluará que la sentencia no sea disconforme al orden público venezolano y decretará procedente la concesión de efectos legales válidos del referido fallo. En consecuencia, se reconocerá fuerza ejecutoria en todo el territorio nacional a la sentencia definitiva de divorcio dictada por el tribunal extranjero que declaró disuelto el matrimonio existente entre los ciudadanos que dieron inicio al procedimiento judicial de exequátur y se le da el pase en autoridad de cosa juzgada.

Fundamentación legal Además de las formalidades establecidas en la legislación venezolana para la homologación de sentencias extranjeras o el requerimiento de que una sentencia nacional sea homologada en el extranjero, se debe aplicar el principio de verificación del tratado, es decir, verificar si el Estado requerido o requirente es parte de los tratados  y convenios internacionales en esta materia. Al respecto tenemos dos cuerpos legales internacionales vigentes:La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros.El Estado ecuatoriano ha ratificado dicha convención, la cual constituye un conjunto de reglas en virtud a las cuales el Estado requerido verifica si la sentencia judicial o laudo arbitral extranjero reúne o no los requisitos que permiten su homologación en tal Estado.Las sentencias judiciales y laudos arbitrales extranjeros sujetos de homologación deben ser de carácter privado y haber sido dictados por autoridades judiciales competentes del Estado requirente en materia civil, comercial o laboral.

La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbítrales Extranjeros faculta a los Estados parte a limitar el reconocimiento a sentencias de condena en materia patrimonial, así como, reconocer las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de perjuicios derivados del delito siempre y cuando hagan dicha reserva y declaración respectivas al momento de su ratificación. Esto ha sido plasmado en el artículo 1, que dice:

Art. 1.- La presente Convención se aplicará a las sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales o laborales en uno de los Estados Partes, a menos que al momento de la ratificación alguno de éstos haga expresa reserva de limitarla a las sentencias de condena en materia patrimonial. Asimismo, cualquiera de ellos podrá declarar al momento de ratificarla que se aplica también a las resoluciones que terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de perjuicios derivados del delito

Código de Derecho Internacional Sánchez de Bustamante.- El Código de Derecho Internacional Sánchez de Bustamante en su título décimo habla de la Ejecución de Sentencias dictadas por Tribunales Extranjeros. En dicho cuerpo legal, se extiende el reconocimiento de las sentencias a la materia contencioso administrativa, además de las ya señaladas, civil, comercial o laboral.

Competencia

En ambos cuerpos jurídicos de Derecho Internacional se hace expresa referencia a la autoridad competente para conocer y tramitar la solicitud de exequátur.

En la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales, artículo 6, se establece que la competencia debe establecerse en la legislación interna de los Estados parte:

Art. 6.- Los procedimientos, incluso la competencia de los respectivos órganos judiciales, para asegurar la eficacia a las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeras serán reguladas por la Ley del Estado en que se solicita su cumplimiento (…)”.

En el Código Sánchez de Bustamante, el artículo 424, señala:

Art. 424.- La ejecución de la sentencia deberá solicitarse del tribunal o juez competente para llevarla a efecto, previas las formalidades requeridas por la legislación interior”.

 

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