Sentencia del T.S.J
Actualidad Jurídica,  Decisiones del T.S.J.,  Derecho Tributario

Sentencia del T.S.J. sobre el vicio de falso supuesto y la entrada en vigencia de una norma tributaria

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA

Extracto:

Exp: 2018 -0607 – Mediante sentencia Nro. 00072, publicada el 21de febrero de 2019, la Sala Político-Administrativa, con Ponencia del Magistrado Dr. Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, declaró con lugar la apelación ejercida por el Fisco Nacional, contra el fallo Nro. 025-18 del 18 de mayo de 2018, dictado por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, en el marco del recurso contencioso tributario incoado por la empresa Venta de Materiales y Construcciones Roymonca, C.A. Así, la aludida Sala estimó que en el caso concreto el valor de la unidad tributaria reflejado en la Providencia Administrativa Nro. SNAT/2017/0003 del 20 de febrero de 2017 -publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.287 Extraordinario del 24 de igual mes y año-, entró en vigencia el mismo día de su publicación, al tratarse de un acto normativo de rango sub legal, el cual a tenor de lo dispuesto en el Texto Fundamental, el Código Orgánico Tributario de 2014 y la jurisprudencia de este Máximo Tribunal, supedita el inicio de su vigencia al cumplimiento del requisito de publicidad en el referido instrumento de difusión o desde el momento en que la citada Providencia indique, resultando ésta aplicable para el ajuste de la sanción de multa impuesta a la recurrente por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del SENIAT y, por ende, procedente la actualización de la cuantía de esa pena pecuniaria tomando en cuenta el monto de la señalada unidad de medida existente para la oportunidad de su pago efectivo.

Sentencia Completa:

Magistrado Ponente: INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA ARIZALETA

Exp. Nro. 2018-0607

Mediante Oficio Nro. 198-18 de fecha 23 de julio de 2018, recibido en esta Sala Político-Administrativa el 19 de septiembre del mismo año, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes remitió el expediente Nro. 3320 de su nomenclatura, en virtud de la apelación ejercida el 2 de julio de 2018 por la abogada Nedezhda Calles, con INPREABOGADO Nro. 38.831, actuando con el carácter de sustituta del Procurador General de la República en representación del FISCO NACIONAL, según se evidencia del documento poder cursante a los folios 64 al 66 de las actas procesales, contra la sentencia definitiva Nro. 025-18 dictada por el Juzgado remitente el 18 de mayo de 2018, que declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos en fecha 26 de julio de 2017 por las abogadas María Altuve y María Bustamante, con INPREABOGADO Nros. 64.410 y 48.381, respectivamente, en su condición de apoderadas en juicio de la sociedad de comercio VENTA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ROYMONCA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Tercero del Estado Táchira, bajo el Nro. 16, Tomo 1-A, en fecha 5 de enero de 2007, tal como se desprende del instrumento poder inserto en autos al folio 7.

Dicho medio de impugnación fue incoado contra la “(…) Planilla de liquidación de ajuste de Sanción No. 051001233000201 de fecha 30 de Mayo de 2017, y planilla de pago forma. 09, No. 01203372 (…)” con fecha de notificación el 21 de junio de 2017, dictadas por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en las cuales se establece la obligación de pagar por ajuste del valor de la unidad tributaria “(…) la diferencia entre el monto histórico liquidado y el monto actualizado a la fecha del pago de la liquidación primitiva antes identificada [Nro. 051001233000403, por concepto de sanción de multa impuesta en virtud de la aceptación y pago del reparo fiscal formulado por el mencionado órgano exactor por concepto de impuesto sobre la renta retenido y no enterado, “la cual ascendió a la cantidad de Bs. 2.843.119,88” (hoy Veintiocho Bolívares con Cuarenta y Tres Céntimos (Bs. 28,43)] (…)” (corchetes de esta Sala y negrillas de la fuente), de acuerdo al siguiente detalle:

“(…)

LIQUIDACIÓN PRIMITIVA

MONTO PRIMITIVO

VALOR U.T. PRIMITIVA

CANTIDAD U.T. PRIMITIVA

FECHA PAGO

VALOR U.T. FECHA DEL PAGO O AJUSTE

MONTO FECHA DEL PAGO O AJUSTE

MONTO DIFERENCIAL

051001233000403

2.843.119,88

177,000

16.062,82

24/02/2017

300,00

4.818.847,20

1.975.727,32

(…)”.

Por auto del 23 de julio de 2018, el Tribunal de la causa oyó en ambos efectos la apelación fiscal y ordenó remitir el expediente a esta Alzada.

El 25 de septiembre de 2018 se dio cuenta en Sala y, en la misma oportunidad, el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta fue designado Ponente. Igualmente, se fijaron nueve (9) días continuos en razón del término de la distancia más un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación, lo cual hizo el 18 de octubre del mismo año la abogada Mirna Robles (INPREABOGADO Nro. 37.659), en su condición de sustituta del Procurador General de la República en representación del Fisco Nacional, tal como se constata del documento poder cursante a los folios 102 al 104 de las actas procesales. No hubo contestación a la apelación.

La causa entró en estado de sentencia en fecha 22 de noviembre de 2018, a tenor de lo preceptuado en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En fecha 30 de enero de 2019 se eligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada esta Sala Político-Administrativa de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidente, Magistrado Marco Antonio Medina Salas; la Magistrada, Bárbara Gabriela César Siero; el Magistrado, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta; y la Magistrada, Eulalia Coromoto Guerrero Rivero.

Realizado el estudio del expediente, pasa este Alto Juzgado a decidir con fundamento en los artículos 26, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

I

ANTECEDENTES

En fecha 30 de mayo de 2016 la empresa Venta de Materiales y Construcciones Roymonca, C.A., fue notificada del Acta de Reparo Nro. SNAT/INTI/GRTI/RLA/DF/2016/ISLR/000649/00131 del 23 de ese mismo mes y año, levantada en materia de impuesto sobre la renta en el procedimiento de fiscalización iniciado con la Providencia Administrativa Nro. SNAT/INTI/GRTI/RLA/DF/2016/ISLR/00649 del 4 de igual mes y año (notificada el 10 de mayo de 2016), en la que se formuló reparo por el referido tributo para el ejercicio fiscal coincidente con el año civil 2015, por la cantidad de Dos Millones Quinientos Veintisiete Mil Doscientos Diecisiete Bolívares con Sesenta y Siete Céntimos (Bs. 2.527.217,67), hoy Veinticinco Bolívares con Veintisiete Céntimos (Bs. 25,27), al no haber efectuado el pago de la declaración correspondiente a dicho impuesto (presentada el 9 de marzo de 2016). En el descrito acto administrativo se dejó constancia “(…) que el Sujeto Pasivo a la fecha de emisión del Acta de Reparo no había pagado la cantidad declarada por concepto de [la] determinación [antes referida] (…)”. (Interpolados de esta Superioridad).

El 11 de noviembre de 2016 se notificó a la recurrente de la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nro. SNAT/INTI/GRTI/RLA/DSA/2016/00649/463/089 del 1° de ese mismo mes y año, en la que se dejó sentado que “(…) iniciado el procedimiento de Sumario Administrativo, se constató a través del Sistema Venezolano de Información Tributaria (SIVIT), (…) que el Sujeto Pasivo había realizado en fecha 09/09/2016, el pago del tributo autoliquidado (…) para el Ejercicio Fiscal 01/01/2015 al 31/12/2015 (…)”, razón por la cual “(…) visto el incumplimiento por parte de la contribuyente por retardo en el pago del impuesto autoliquidado del ejercicio 2015, se configura el ilícito material tipificado en el Artículo 109 numeral 1 del Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 37.305 del 17 de Octubre de 2001 (…)”, en concordancia con el artículo 111 eiusdem. (Sic).

En tal sentido, el órgano exactor impuso la sanción de multa correspondiente y liquidó intereses moratorios (conforme al artículo 66 ibídem), de la forma como se muestra a continuación:

“(…)

1. ILÍCITO MATERIAL:

RETRASO EN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS:

Ejercicio

Forma 99026 N°

Monto Autoliquidado de I.S.L.R.

Fecha de Vencimiento

2015

1690222034

2.527.217,67

30/03/2016

(…omissis…)

A. Aplicación de Porcentaje:

Período

No Documento

Impuesto Bs.

Multa (%)

Multa Bs.

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

1690222034

2.527.217,67

112,50

2.843.119,88

B. El monto de la Multa en Bolívares, se convertirá al equivalente en Unidades Tributarias vigente para el momento de la comisión del ilícito, es decir; Ciento Setenta y Siete Bolívares (Bs. 177,00) (…) según se indica:

Período

Multa Bs.

Valor U.T.

Multa U.T.

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

2.843.119,88

177,00

16.062,82

C. Al efecto de la liquidación de la planilla de pago para su cancelación en la presente Resolución, se tomará el valor de la unidad tributaria vigente, es decir, Ciento Setenta y Siete (Bs. 177,00) (…) para el momento de su cancelación, siendo por tanto el monto de la sanción según se indica a continuación:

Período

Multa U.T.

Valor U.T.

Multa Bs.

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

16.062,82

177,00

2.843.119,88

2.- INTERESES MORATORIOS

(…omissis…)

Ejercicio Fiscal

Impuesto Bs.

Fecha de Vencimiento para Declarar y Pagar

Fecha de Pago

Intereses Moratorios Bs.

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

2.527.217,67

30/03/2016

09/09/2016

326.248,35

(…)”. (Negrillas y mayúsculas de la fuente).

El 30 de mayo de 2017 la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) emitió la “(…) Planilla de liquidación de ajuste de Sanción No. 051001233000201 de fecha 30 de Mayo de 2017, y planilla de pago forma. 09, No. 01203372 (…)”, como consecuencia del ajuste al valor de la unidad tributaria “(…) por la diferencia entre el monto histórico liquidado y el monto actualizado a la fecha del pago de la liquidación primitiva antes identificada (…)”, estableciéndose un diferencial a pagar por la cantidad de Un Millón Novecientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Veintisiete Bolívares con Treinta y Dos Céntimos (Bs. 1.975.727,32), actualmente expresada en Diecinueve Bolívares con Setenta y Seis Céntimos (Bs. 19,76), ello al haberse verificado que el valor de la unidad tributaria vigente a la fecha de pago (24 de febrero de 2017) de la pena pecuniaria impuesta en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nro. SNAT/INTI/GRTI/RLA/DSA/2016/00649/463/089 era superior (“Bs. 300,00”) a la que se encontraba vigente al momento de la liquidación de la misma (“Bs. 177,00”).

Por disconformidad con las mencionadas Planillas, las abogadas María Altuve y María Bustamante, antes identificadas, en su condición de representantes judiciales de la empresa Venta de Materiales y Construcciones Roymonca, C.A, interpusieron en fecha 26 de julio de 2018 el recurso contencioso tributario con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, en los términos siguientes:

Como sustento de hecho, manifestaron que su representada “(…) debido a la situación económica por la que pasa el país, y aunado a que la empresa no le habían vuelto a enviar ni cabilla ni cemento que son los productos que vendía, no había podido reunir el monto inicial de la multa, por lo que fue hasta el 24 de febrero de 2017, que se (sic) logró reunir la cantidad completa de Bs. 3.169.667,28, y pagar dicha planilla en la fecha indicada, lo que coincidió casualmente con el aumento de la Unidad tributaria de Bs. 177 a Bs. 300,00 (…)”.

Señalaron que la Administración Tributaria incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho por “(…) error de interpretación del artículo 91 del Código Orgánico Tributario [de 2014] (…)”, por cuanto “(…) existen elementos suficientes para concluir que la multa no debió haberse ajustado a la unidad tributaria de Bs. 300,00 sino que debe mantenerse en el monto señalado que el (sic) contribuyente pagó el 24 de febrero de 2017, ya que a partir del 25 de febrero de 2017, sí se debe ajustar lo que se haya pagado a partir de esa fecha con la nueva unidad tributaria (…)”. (Agregado de esta Superioridad).

También indicaron que “(…) en las (sic) páginas (sic) de internet del Nacional de fecha 20 de Febrero de 2017, salió publicado en Título que la Unidad Tributaria pasará de 177 a 300 bolívares a partir del 01 de marzo de 2017. Así mismo en la página de internet del Diario Panorama de fecha 27 de febrero de 2017, igualmente señala como noticia que la unidad tributaria se ajustó de Bs. 177 a Bs. 300,00 y que entrará en vigencia a partir del 01 de marzo [con información supuestamente proporcionada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela] (…)”. (Interpolado de esta Alzada).

Aunado a lo anterior, afirmaron que “(…) el monto de la multa es superior al monto del impuesto retenido y pagado; por lo que (…) el monto de la multa viola los principios de la capacidad contributiva, el Principio de la Proporcionalidad y el Principio de la No Confiscatoriedad (…)”.

En otro orden de ideas, solicitaron la suspensión de los efectos del acto recurrido de conformidad con el artículo 270 del Código Orgánico Tributario de 2014, “(…) en virtud de que los fundamentos del Recurso en (sic) contra de (sic) las planillas recurridas tienen apariencia de buen derecho y que causaría (sic) un grave perjuicio económico a la recurrente (…)”. (Negrillas de la fuente).

II

DEL FALLO APELADO

Mediante la sentencia definitiva Nro. 025-18 del 18 de mayo de 2018, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes declaró con lugar el recurso contencioso tributario incoado con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la representación judicial de la sociedad mercantil Venta de Materiales y Construcciones Roymonca, C.A., bajo la motivación expuesta seguidamente:

“(…) Observa este despacho, que la controversia planteada queda circunscrita a revisar las defensas expuestas del (sic) recurrente sobre:

Solicita sea anulada planilla de liquidación de ajuste de sanción Nro. 051001233000201 de fecha 20 de mayo de 2017 y planilla de pago forma 09 Nro 01203372[,] en virtud que considera que el reajuste calculado por la administración tributaria (sic) no se encuentra a derecho, ya que su representada pagó la deuda que tenia (sic) con la administración tributaria (sic) el día 24 de febrero de 2017 fecha en el cual no había entrado en vigencia el ajuste de la nueva unidad tributaria.

De la revisión del expediente se observa que el (sic) contribuyente en efecto canceló (sic) las acreencias mantenidas con la República Bolivariana de Venezuela en fecha 24 de febrero de 2017, situación que reconoce la apoderada judicial de la República Bolivariana de Venezuela en su escrito de informe[s], no obstante la disyuntiva se centra en que en el día in comento entró en vigencia el ajuste de la nueva unidad tributaria de Bs 300,00, ajuste éste (sic) que fue aplicado por la administración tributaria (sic) al (sic) contribuyente, resultando así una diferencia de monto a cancelar (sic) según la administración tributaria (sic).

En torno a ello la representante de la República Bolivariana de Venezuela considera que el reajuste calculado por la administración tributaria (sic) se encuentra ajustado a derecho puesto que el ente (sic) recaudador emitió providencia administrativa Nro SNAT/2017/003 en el cual reajusta la unidad tributaria de Bs 177,00 a Bs 300,00 y que entró en vigencia el 24/02/2017. Arguye que el (sic) contribuyente fue notificado el 21 de junio de 2017 de la planilla de liquidación que recurre.

Si se observa el contenido de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro 6.287 emitida el 24 de febrero de 2017 que corre inserta al folio 36, en su articulo (sic) 3, expresa que la providencia administrativa (sic) SNAT/2017/0003 de fecha 20 de febrero de 2017 allí publicada entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta oficial (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, el 24 de febrero de 2017, de ahí el razonamiento de la apoderada judicial de la República Bolivariana de Venezuela.

Si[n] embargo, el (sic) recurrente fundamenta el recurso en que la providencia administrativa (sic) que (sic) SNAT/2017/0003 de fecha 20 de febrero de 2017 entró en vigencia el 1 de marzo de 2017[,] pues así lo dio a conocer a través de las redes sociales el presidente (sic) de la República Bolivariana de Venezuela.

En efecto como se indicó, el mismo día que se (sic) fue publicada en gaceta oficial (sic) la providencia administrativa (sic) que contiene el ajuste de la nueva unidad tributaria fue que el (sic) contribuyente canceló (sic) tomando en cuenta la unidad tributaria de Bs 177,00.

Ahora bien, en este caso hay que hacer mención al día ad quem día en el cual debe ser aplicada una norma que entra en vigencia. En un hecho conocido que las normas deben aplicarse el día hábil siguiente de su entrada en vigencia, en atención al dia (sic) Ad quem, pues, en el caso que nos ocupa no se sabe a ciencia cierta que ocurrió primero, el pago de la deuda o la entrada en vigencia de la providencia administrativa, es por ello, el razonamiento de aplicación del día ad quem, en este caso el 24 de febrero de 2017 fue día viernes, el día lunes 27 y martes 28 se celebró carnavales, lo que indica que el día hábil siguiente al día de la publicación de la providencia administrativa (sic) en gaceta oficial (sic) fue al 01 de marzo de 2017, y es precisamente a partir del 01 de marzo que empieza a regir la unidad tributaria de Bs 300,00.

En razón a ello, es que para la fecha de pago de la deuda tributaria (24/02/2017) aun se mantenía vigente la unidad tributaria de Bs. 177,00 tal como lo hizo saber el (sic) recurrente, por lo tanto no resulta aplicable el reajuste de la unidad tributaria de Bs 300,00 aplicado por la administración tributaria (sic), y en virtud a ello resulta forzoso para esta juzgadora anular la planilla de liquidación Nro. planilla de liquidación (sic) de ajuste de sanción (sic) Nro. 051001233000201 de fecha 20 de mayo de 2017 y planilla de pago forma 09 Nro 01203372, el (sic) cual (sic) reflejan monto diferencial por ajuste de sanción, y así se decide.

VI

DE LAS COSTAS

Al ser el recurso contencioso con lugar procede la condena en costas, sin embargo, se exime del pago de costas procesales a la República Bolivariana de Venezuela, por ser improcedentes, de conformidad con el criterio jurisprudencial sostenido por la Sala Político Administrativa, Sentencia N° 00215 del 10/03/2010, Caso: GUERRERO VALVERDE C.A., (GUEVALCA), y así se decide.

VII

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGIÓN LOS ANDES EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY SE DECLARA:

1.- CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por las abogadas María A. Altuve y María Bustamante, (…) en sus carácter de apoderadas generales (sic) de la Sociedad Mercantil VENTA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ROYMONCA C.A. (…), contra la planilla de liquidación de ajuste de sanción (sic) Nro. 051001233000201 de fecha 20 de mayo de 2017 y planilla de pago forma 09 Nro 01203372 emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región los Andes, Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria Aduanera y Tributaria, el (sic) cual (sic) SE ANULAN.

2.- IMPROCEDENTE LA CONDENA EN COSTAS a la República Bolivariana de Venezuela.

3.- NOTIFÍQUESE, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Fuerza (sic) de Ley de la Procuraduría General de la República Bolivariana (sic) de Venezuela. (…)”. (Mayúsculas y negrillas del fallo apelado; agregados de esta Alzada).

III

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

En fecha 18 de octubre de 2018 la abogada Mirna Robles, antes identificada, actuando con el carácter de sustituta del Procurador General de la República en representación del Fisco Nacional, consignó ante esta Sala Político-Administrativa el escrito de fundamentación de la apelación contra la sentencia definitiva Nro. 025-18 dictada por el Juzgado remitente el 18 de mayo de 2018 (folios 96 al 101 del expediente judicial), en los términos siguientes:

Arguye el vicio de falso supuesto de derecho por errónea interpretación de la Ley, “(…) al señalar en sus consideraciones para decidir que las normas deben aplicarse el día hábil siguiente de su entrada en vigencia y en consecuencia concluir que no resulta aplicable el reajuste de la unidad tributaria de Bs. 300,00 (…)”.

Seguidamente, afirma que “(…) la Providencia Administrativa N° SNAT/2017/0003, de fecha 20 de febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.287, (…) en fecha 24 de febrero de 2017 (…)”, prevé el reajuste del valor de la unidad tributaria “(…) de Ciento Setenta y Siete Bolívares
(Bs. 177,00) a Trescientos Bolívares (Bs. 300,00) (…)”, y que la aludida norma de rango sublegal “(…) entró en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, es decir, a partir del 24 de febrero de 2017 (…)”; en consecuencia, “(…) el reajuste efectuado por la Administración Tributaria, donde ajusta la unidad tributaria de Bs. 177,00 a Bs. 300,00 se encuentra apegado a derecho (…)”. (Resaltado del original).

Finalmente, solicita a esta Superioridad declarar con lugar la apelación fiscal y revocar de la sentencia apelada los pronunciamientos desfavorables a la República; y en caso contrario, eximir a su representada del pago de las costas procesales, conforme a lo sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el fallo Nro. 1238 de fecha 30 de septiembre de 2009, caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala Político-Administrativa conocer el recurso de apelación interpuesto por la representación en juicio del Fisco Nacional, contra la sentencia definitiva Nro. 025-18 dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes en fecha 18 de mayo de 2018, que declaró con lugar el recurso contencioso tributario ejercido con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por las abogadas María Altuve y María Bustamante, antes identificadas, en su condición de apoderadas judiciales de la empresa Venta de Materiales y Construcciones Roymonca, C.A., contra “(…) Planilla de liquidación de ajuste de Sanción No. 051001233000201 de fecha 30 de Mayo de 2017, y planilla de pago forma. 09, No. 01203372 (…)” con fecha de notificación el 21 de junio de 2017, dictadas por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Vistos los términos del fallo apelado, así como los alegatos expuestos en su contra por la representación fiscal, observa esta Superioridad en el caso concreto, que la controversia planteada ha quedado circunscrita a verificar si la decisión proferida por el Tribunal de mérito incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho por errónea interpretación de la Ley, al considerar que el ajuste efectuado a la sanción de multa impuesta a la recurrente no estuvo ajustado a derecho, por estimar que el valor de la unidad tributaria aplicable era el de “Bs. 177,00” y no el de “Bs. 300,00”, pues a criterio de la representación de la República la Providencia Administrativa que estableció el ajuste del valor de dicha unidad de medida, entró en vigencia en el momento de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Previo al análisis de los vicios denunciados, esta Alzada estima importante destacar que aún cuando la parte actora solicitó con el recurso contencioso tributario una medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado, el Tribunal de la causa no emitió el pronunciamiento respectivo, por lo que no resulta procedente realizar en esta oportunidad alguna consideración con relación a dicha solicitud, en virtud de ser accesoria a la acción principal de nulidad que ahora corresponde a la Sala resolver en la apelación ejercida por la representación en juicio del Fisco Nacional contra la sentencia de instancia. Así se establece.

Planteada así la litis, pasa esta Máxima Instancia a conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto, para lo cual observa:

Con el propósito de iniciar el análisis correspondiente, esta Sala Político-Administrativa considera necesario señalar que el vicio de falso supuesto se configura de dos (2) maneras diferentes: la primera, relativa al falso supuesto de hecho, cuando el Juez al dictar su decisión la fundamenta en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el asunto objeto de decisión; la segunda, cuando los hechos que dan origen a la sentencia existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero el Juzgador al dictar el fallo los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para sustentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos de las partes; situación en la cual se está en presencia de un falso supuesto de derecho. (Vid., entre otras, las sentencias Nros. 00183, 00039, 00618, 00278 y 01243, de fechas 14 de febrero de 2008, 20 de enero de 2010, 30 de junio de 2010, 11 de abril de 2012 y 16 de noviembre de 2017, casos: Banesco, Banco Universal, C.A.; Alfredo Blanca González; Shell de Venezuela; Automóviles El Marqués III, C.A.; y Padizuli Tienda, C.A., respectivamente).

A fin de resolver la denuncia planteada por la representación fiscal, este Alto Tribunal estima oportuno traer a colación lo expresado por el órgano exactor en la “Planilla de Liquidación de Ajuste Sanción” correspondiente a la Liquidación Nro. 051001233000201, en la que dejó sentado que se procedía a emitir la misma “(…) por la diferencia entre el monto histórico liquidado y el monto actualizado a la fecha del pago de la liquidación primitiva antes identificada (…)”, de conformidad con el artículo 92 del Código Orgánico Tributario de 2014.

Del mismo modo, se aprecia que la representación judicial de la República en la oportunidad de presentar informes ante el Tribunal de la causa resaltó que la fijación del monto de la sanción mediante la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nro. SNAT/INTI/GRTI/RLA/DSA/2016/00649/463/089 del 1° de noviembre de 2016 (notificada el 11 de ese mismo mes y año), “(…) se realizó con base al valor de la unidad tributaria vigente para el momento de la determinación de la comisión de la infracción cometida, no obstante [el ajuste que debía efectuarse con ocasión de] (…) la variación del valor de la unidad tributaria al momento del pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 (sic) [del Código Orgánico Tributario de 2014] (…)”. (Agregados de esta Máxima Instancia).

Al respecto, el Juzgado remitente señaló que “(…) para la fecha de pago de la deuda tributaria (24/02/2017) aun se mantenía vigente la unidad tributaria de Bs 177,00 tal como lo hizo saber el (sic) recurrente, por lo tanto no resulta aplicable el reajuste de la unidad tributaria de Bs 300,00 aplicado por la administración tributaria (sic), y en virtud a ello resulta forzoso para esta juzgadora anular la planilla de liquidación (sic) Nro. planilla de liquidación de ajuste de sanción (sic) Nro. 051001233000201 de fecha 20 de mayo de 2017 y planilla de pago forma (sic) 09 Nro. 01203372, el (sic) cual (sic) reflejan monto (sic) diferencial por ajuste de sanción (…)”.

Sobre el aludido particular, esta Máxima Instancia aprecia que la Administración Tributaria realizó el ajuste de la cuantía de la sanción de multa impuesta en el acto administrativo antes descrito, tomando en consideración el valor de la unidad tributaria vigente para la oportunidad en que la misma fue pagada (24 de febrero de 2017), en virtud de la previsión contenida en el artículo 92 del Código Orgánico Tributario de 2014.

Ello así, esta Sala juzga pertinente reproducir el contenido de los artículos 8 y 9 eiusdem, los cuales son del siguiente tenor:

“Artículo 8.- Las leyes tributarias fijaran su lapso de entrada en vigencia, si no lo establecieran, se aplicarán una vez vencidos los sesenta (60) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

(…omissis…) (…)”.

“Artículo 9.- Las reglamentaciones y demás disposiciones administrativas de carácter general, se aplicarán desde la fecha de su publicación oficial o desde la fecha posterior que ellas mismas indiquen”.

De los artículos anteriormente transcritos, se desprende como principio general que las Leyes tributarias tendrán vigencia a partir del vencimiento del término contemplado en ellas y, en caso no de no haberse fijado éste, luego de transcurridos los sesenta (60) días continuos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 00816 del 9 de julio de 2015, caso: Rowart de Venezuela S.A.). En el caso de los actos de rango sub legal contentivos de disposiciones normativas dirigidas a un número indeterminado de personas, entrarán en vigencia desde su publicación en el mencionado instrumento de publicidad o en la oportunidad expresamente señalada en los mismos.

En sintonía con lo que antecede, esta Superioridad estima necesario transcribir el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual consagra que:

“Artículo 317.

(…omissis…)

Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se entenderá fijado en sesenta días continuos. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución”.

Acerca de la citada norma, está Sala Político-Administrativa se ha pronunciado señalando que las Leyes tributarias tendrán vigencia a partir del vencimiento del término previamente establecido en ellas y que en caso de éste no haber sido previsto, se entenderá fijado en sesenta (60) días continuos; destacando además que, cuando se trate de Leyes sobre tributos liquidados por ejercicios o períodos, las normas referidas a su existencia y cuantía regirán para el ejercicio fiscal (impuesto sobre la renta) o el período impositivo (impuesto al valor agregado) inmediatamente siguiente a aquél en que haya entrado en vigencia la nueva Ley. (Vid., sentencia Nro. 01485 del 29 de octubre de 2014, caso: Knoll Gomas Industriales, C.A., ratificada, entre otros, en el fallo Nro. 01157 de fecha 31 de enero de 2016, caso: Tecnocontroles Occidente, C.A.).

Con relación a la entrada en vigencia de las normas tributarias, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión Nro. 906 de fecha 1° de junio de 2001, caso: Distribuidora Baibery Sun 2002, C.A., sostuvo que:

“(…) De las anteriores transcripciones se observa que, tanto la Constitución vigente como la derogada, establecen que cuando la ley tributaria no establezca un término para su entrada en vigencia, éste ‘se entenderá fijado en sesenta días continuos’. Por lo que la aplicación de este precepto constitucional únicamente opera ante el silencio de la ley tributaria respecto al tiempo o momento de su entrada en vigencia.

En el caso bajo análisis, la Resolución que refiere el accionante -de Precios Oficiales para el Vestido y Otros- establece en su artículo 4º que ‘la presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela y tendrá un plazo de vigencia de ciento ochenta días (180) continuos, salvo que el Ministerio de Hacienda decida durante dicho lapso, modificar o revocar los precios oficiales aquí establecidos’ (negrillas de la Sala).

Observa la Sala que el lapso contenido en la disposición constitucional alegada por el apoderado judicial de la parte apelante -artículo 226 de la derogada Constitución- no resulta aplicable al caso de autos, por cuanto el mismo refiere a los casos en que ‘la ley que establezca o modifique una contribución’, no fije término alguno para su aplicación y, en el presente caso, se está en presencia de una Resolución, cuya entrada en vigencia coincide con la especificidad de la contribución, supuesto que escapa a la previsión del artículo 226 de la derogada Constitución.

Sin perjuicio de lo anterior estima la Sala además que la referida Resolución sí estableció el momento de su entrada en vigencia, esto es, al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la República. (…)”. (Resaltado de esta Sala Político-Administrativa).

En el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional en la sentencia Nro. 1252/2004 de fecha 30 de junio de 2004 caso: José Andrés Romero Angrisano, dejó sentado lo expresado a continuación:

“(…) El alegato fundamental del demandante, en sustento de su pretensión de nulidad, es que la norma que se impugnó viola el artículo 317, parágrafo cuarto, de la Constitución de 1999, la cual obliga al legislador a la fijación de un lapso para la entrada en vigencia de las normas tributarias, es decir, que éstas cuenten con una vacatio legis de, al menos, sesenta días, como garantía del principio de certeza tributaria de los contribuyentes; y que, por el contrario, el artículo 199 de la Ley de Impuesto sobre la Renta no estableció lapso alguno entre su publicación y su entrada en vigencia, por lo cual no se otorgó a los contribuyentes un período razonable para el conocimiento y adecuación a las exigencias de la nueva Ley tributaria, y se violó, además, el artículo 316 de la Constitución.

(…omissis…)

‘Artículo 199: Esta Ley comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y se aplicará a los ejercicios que se inicien durante su vigencia’.

(…omissis…)

Según esta Sala estableció en sentencia de 1 de junio de 2001 (caso Distribuidora Baibery Sun 2002, C.A.): ‘tanto la Constitución vigente como la derogada, establecen que cuando la ley tributaria no establezca un término para su entrada en vigencia, éste ‘se entenderá fijado en sesenta días continuos’. Por lo que la aplicación de este precepto constitucional únicamente opera ante el silencio de la ley tributaria respecto al tiempo o momento de su entrada en vigencia’.

De manera que no es cierto, como alegó el demandante en esta oportunidad, que las leyes tributarias han de tener siempre, al menos, una vacatio legis de sesenta días, pues ese lapso opera sólo de manera supletoria ante el silencio de la ley en relación con su entrada en vigencia. El punto objeto de análisis sería, entonces, si las normas tributarias deben o no contar con algún lapso o período de entrada en vigencia o de aplicación o si, por el contrario, podrían disponer expresamente que la misma será a partir del momento de su publicación.

En este sentido, considera la Sala que el sentido que ha de dársele a la norma que se impugnó resulta distinto al que pretende, en este caso, la parte actora.

(…omissis…)

En ese mismo sentido, el Código Orgánico Tributario que se publicó en Gaceta Oficial nº 37.305, de 17 de octubre de 2001, dispone en su artículo 8, parágrafo primero, lo siguiente:

‘Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicarán una vez vencidos los sesenta (60) días continuos a su publicación en la Gaceta Oficial’.

Ahora bien, lo que no debe confundirse es la necesaria transitoriedad de la aplicación de las leyes tributarias con la supuesta exigencia de una vacatio legis de las mismas, que es lo que alegó, en este caso, el recurrente. En efecto, la vacatio legis lo que haría es prolongar en el tiempo, por un plazo definido, la entrada en vigencia de la norma, mientras que la transitoriedad lo que preceptúa es que la nueva regulación tributaria no se aplique a ciertos supuestos de hecho -con independencia de que la ley haya entrado ya en vigencia- hasta un momento posterior.

En el caso concreto de las leyes que gravan actividades que se discriminan o determinan en períodos fiscales, como es el caso del impuesto sobre la renta, lo que se exige no es una vacatio legis, sino que la nueva legislación, aun cuando entre en vigencia, no rija el período fiscal en curso, sino los que han de comenzar durante la vigencia de esa normativa, de manera que se respete el principio de certeza y de confianza legítima en materia tributaria. En otros términos, lo importante es que aquellos tributos que graven actividades económicas que se realizan en períodos fiscales concretos, no se apliquen a los períodos fiscales que ya estén en curso, sino que rijan, al menos, a partir del período que se inicie luego de su entrada en vigencia.

Esa finalidad de certeza y confianza que se busca con la aplicación de la ley a períodos fiscales que hayan de iniciarse durante su vigencia, no se logra únicamente a través de la vacatio legis a que hace referencia el demandante. Piénsese en el caso de un ejercicio fiscal que se inicie el 1º de enero de cada año, y en el curso del cual (vgr. en el mes de junio) se modifica, como en este caso, la Ley de Impuesto sobre la Renta, que establece -hipotéticamente también- una vacatio legis de 60 días pasados los cuales comenzará a regir la Ley. En ese supuesto, la vacatio legis no garantizará la protección de la confianza y certeza, pues la ley entrará en vigencia en agosto y habrá de aplicarse al ejercicio fiscal en curso, al que aún le quedan cinco meses, con la consecuente modificación de las condiciones tributarias que existían cuando se inició ese período.

En el caso de autos, se observa que la norma el artículo 199 de la Ley de Impuesto sobre la Renta precisamente diferenció entre el momento de su entrada en vigencia respecto del ámbito temporal de su aplicación. Conviene nuevamente transcribir dicha norma, la cual dispuso que ‘Esta Ley comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y se aplicará a los ejercicios que se inicien durante su vigencia’. De allí que aun cuando entró en vigencia de inmediato, sin contar un lapso de vacancia, su aplicación regirá, según expresamente dispuso, a los ejercicios fiscales que se inicien durante su vigencia y no a aquellos que ya se encuentren en curso para ese momento, supuesto aquél que es, precisamente, el que garantiza la observancia de los principios de certeza y seguridad jurídica, pues permite a los contribuyentes la planificación de su desenvolvimiento fiscal y, además, se ajusta a la finalidad del artículo 317 en relación con la aplicación de las normas tributarias que modifiquen o impongan nuevas cargas (…)”. (Negrillas de esta Sala Político-Administrativa).

Los criterios jurisprudenciales previamente reflejados fueron ratificados por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nro. 1311 de fecha 27 de octubre de 2015, caso: Cemex Venezuela, S.A.C.A., en los términos indicados de seguidas:

“(…) En primer lugar, la parte recurrente alegó la irretroactividad de los artículos 101 y 102 de la Ordenanza del Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar, con fundamento en que el artículo 101 de la referida Ordenanza establecía que la misma entraba en vigencia con su publicación en Gaceta Oficial, en franca contradicción con lo establecido en el artículo 317 del Texto Constitucional y en segundo lugar, alegan que como consecuencia de tal consagración resulta retroactiva la disposición contenida en el artículo 102 de la mencionada Ordenanza.

Al respecto, tales normas contemplaban lo siguiente:

‘Artículo 101. Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación y se aplicara a los ejercicios que se iniciaron a partir del primero (1) de enero de dos mil nueve (2009), de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y el artículo 8 del Código Orgánico Tributario.

(…)’.

Al efecto, ciertamente se aprecia que el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra adicionalmente al principio de legalidad de las normas tributarias, la obligación de establecer la fecha cierta de entrada en vigencia de las normas tributarias, supliendo su vacio con una vacatio legis, como una garantía del ciudadano, en el siguiente sentido:

(…omissis…)

Al respecto, se advierte que esta Sala Constitucional en sentencia n.° 1252/2004 se pronunció sobre la diferencia entre la exigibilidad de una vacatio legis, el cual es el argumento del accionante y la predecibilidad del tributo como un mecanismo de garantía para el administrado. En la precitada sentencia se dispuso:

(…omissis…)

En este sentido, se aprecia que conforme al criterio jurisprudencial referido que la norma constitucional no establece la exigencia de una vacatio legis sino una certeza en cuanto a la determinación de la fecha de entrada de vigencia de la misma, y ante la infructuosidad en su determinación es que opera la supletoriedad del lapso de sesenta días.

Así, la certeza y previsibilidad del tributo tienen como finalidad garantizar la seguridad jurídica del contribuyente y ésta no se salvaguarda con la existencia o no de una vacatio legis sino con que la nueva regulación tributaria no se aplique a ciertos supuestos de hecho acaecidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la norma.

Al efecto, se observa que en el caso de autos, el artículo 101 de la Ordenanza impugnada establecía la determinación exacta de la fecha de entrada en vigencia de la norma impugnada, la cual es ‘… a partir de la fecha de su publicación y se aplicará a los ejercicios que se iniciaron a partir del primero (1) de enero de dos mil nueve (2009), de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y el artículo 8 del Código Orgánico Tributario’.

En consecuencia, se aprecia que al igual que fue decidido en el caso de la impugnación del artículo 199 de la Ley de Impuesto sobre la Renta decidido por esta Sala en el fallo previamente citado -1252/2004- la norma impugnada no vulneró derecho constitucional alguno, en cuanto a la presunta supresión o violación de la vacatio legis de las normas tributarias; por cuanto al estar determinado expresamente la fecha de entrada en vigencia de la norma impugnada sobre un tributo preexistente no existe un menoscabo en el principio a la seguridad jurídica de la contribuyente, más aun cuando el referido tributo opera sobre un período fiscal determinado, pero no a aquellos que ya se encuentren en curso para ese momento, supuesto aquél que es, precisamente, el que garantiza la observancia de los principios de certeza y seguridad jurídica, pues permite a los contribuyentes la planificación de su desenvolvimiento fiscal y, además, se ajusta a la finalidad del artículo 317 en relación con la aplicación de las normas tributarias que modifiquen o impongan nuevas cargas, como correctamente se encuentra establecido en el artículo 102 de la referida Ordenanza. Así se decide (…)”.

Ahora bien, tomando en consideración la doctrina judicial precedentemente citada, relacionada con el momento de entrada en vigencia de las normas tributarias contenidas tanto en instrumentos de rango legal-según el cual ésta viene determinada por el tiempo en el que ellas mismas indiquen o, en su ausencia, una vez vencidos los sesenta (60) días continuos a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela-como sub legal -cuya vigencia se entiende a partir de la fecha de su publicación en dicha herramienta de publicidad o de la que ellos mismos señalen-, se observa en el caso concreto, que en fecha 24 de febrero de 2017 fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.287 Extraordinario de la misma fecha, la Providencia Administrativa Nro. SNAT/2017/0003 del 20 de febrero de 2017, la cual estableció lo que sigue:

“(…) Artículo 1. Se reajusta la Unidad Tributaria, de CIENTO SETENTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs. 177,00) a TRESCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 300,00).

(…omissis…)

Artículo 3. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

(…)”. (Negrillas de esta Superioridad).

De lo anterior, se advierte que en el caso concreto no se está analizando la vigencia de un instrumento legal, sino de una Providencia que si bien no es una Ley en sentido formal, se trata de un acto administrativo de contenido normativo y de rango sub legal, sobre el cual resulta necesaria la determinación del momento de su aplicabilidad y, por ende, de exigibilidad y acatamiento por parte de los sujetos obligados a su cumplimiento, para asegurar con ello la realización de los principios de certeza y de seguridad jurídica de orden constitucional, y a su vez preservar la legalidad de las actuaciones del órgano administrativo.

Así las cosas, del estudio de la disposición normativa en comentario, se desprende que su vigencia será “a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”, de lo cual se infiere que aún y cuando su entrada en vigor se hace depender de un momento posterior, ello no debe entenderse como la inexistencia de una fecha cierta a los fines de comenzar a surtir plenos efectos legales, por cuanto ésta se encuentra determinada por su publicación, de allí que no se requiera la exigencia de la vacatio legis a la que aluden los artículos 317 del Texto Fundamental y 8 del Código Orgánico Tributario de 2014, al no tratarse -se insiste- de un instrumento legal sino de una norma de rango sub legal, cuya regulación particular en cuanto a su entrada en vigencia se desprende del artículo 9 del señalado Código de la especialidad.

Por consiguiente, la exigencia de certeza en torno a la oportunidad de entrada en vigencia de las previsiones contenidas en la descrita Providencia Administrativa, se entiende cumplida en el presente caso al haberse establecido expresamente su entrada en vigor a partir del día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, sin que tal precepto implique de ninguna manera imprecisión, vaguedad o inexistencia de fecha cierta, al contrario, la misma debe entenderse como la materialización del requisito de certeza propio del principio de legalidad de orden constitucional.

Bajo la óptica de lo expresado, se aprecia que -contrario a lo sostenido por el Juzgado de la causa- la citada Providencia Administrativa Nro. SNAT/2017/0003 del 20 de febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.287 Extraordinario el 24 de febrero de 2017, pone de manifiesto de conformidad con su artículo 3, que el reajuste del valor de la unidad tributaria de Ciento Setenta y Siete Bolívares (Bs. 177,00) a Trescientos Bolívares (Bs. 300,00), entraría en vigencia “a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.

Desde esa perspectiva, esta Alzada constata que el prenombrado acto administrativo fue publicado en el referido instrumento de difusión el 24 de febrero de 2017, por cuya virtud se entiende que entró vigencia ese mismo día (ya que tal y como se estableció supra no es requerida la vacatio legis), fecha esta que coincide con la oportunidad en la cual la contribuyente procedió a realizar el pago (folio 29 de las actas procesales) de la Planilla de Liquidación Nro. 051001233000403, por la cantidad total de “Bs. 3.169.667,28”, correspondiente a los conceptos de “Multas” e “Intereses”, por las cantidades de “Bs. 2.843.119,86” y “Bs. 326.547,40”, respectivamente.

Igualmente, es importante subrayar que el artículo 92 del Código Orgánico Tributario de 2014, preceptúa que “Las multas establecidas en este Código, expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de unidades tributarias (U.T.) que correspondan al momento de la comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago”, es decir, que constituye una exigencia de orden legal que las penas pecuniarias a cargo de los sujetos pasivos deban ser pagadas tomando en consideración el valor de la unidad tributaria existente para la fecha del pago efectivo.

Por lo tanto, según se deriva de la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nro. SNAT/INTI/GRTI/RLA/DSA/2016/00649/463/089 del 1° noviembre de 2016 (notificada el 11 de ese mismo mes y año), la Administración Tributaria al calcular el monto de la sanción de multa impuesta, lo hizo tomando en consideración el valor de la unidad tributaria vigente en la oportunidad de la comisión del ilícito (“Bs. 177”); no obstante, siendo que para la fecha del pago efectivo de la sanción (24 de febrero de 2017) había entrado en vigencia la Providencia Administrativa que fijó el valor de la unidad tributaria en “Bs. 300,00”, lo procedente era efectuar el ajuste correspondiente de la cuantía de la pena pecuniaria con el valor de la unidad tributaria vigente al momento de dicho pago, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 92 del mencionado Texto Orgánico Tributario de 2014, tal como lo realizó el órgano exactor mediante la Planilla de Liquidación objeto de impugnación en el presente proceso judicial. (Vid., fallo de esta Sala Nro. 00815 de fecha 4 de junio de 2014, caso: Tamayo & CIA, S.A.).

En consecuencia, este Alto Juzgado estima procedente el vicio de falso supuesto de derecho delatado por la representación judicial del Fisco Nacional, por ende, se revoca el fallo de instancia. Así se declara.

Asimismo, esta Superioridad declara con lugar el recurso de apelación incoado por la abogada fiscal, contra la sentencia definitiva Nro. 025-18 de fecha 18 de mayo de 2018, dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, que declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la representación en juicio de la sociedad de comercio Venta de Materiales y Construcciones Roymonca, C.A., la cual se revoca. Así se dispone.

Vinculado a lo que antecede, esta Sala declara sin lugar el recurso contencioso tributario incoado con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la mencionada empresa, contra la “(…) Planilla de Liquidación de ajuste de Sanción No. 051001233000201 de fecha 30 de Mayo de 2017, y planilla de pago forma. 09, No. 01203372 (…)” con fecha de notificación el 21 de junio de 2017, dictadas por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), las cuales quedan firmes. Así se establece.

Declarado sin lugar el recurso contencioso tributario, se condena en costas procesales a la compañía recurrente en el monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la cuantía del citado recurso, por haber resultado totalmente vencida en el presente juicio, de conformidad con lo estatuido en el artículo 334 del Código Orgánico Tributario de 2014. Así se determina.

V

DECISIÓN

Sobre la base de las consideraciones realizadas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del FISCO NACIONAL, contra la sentencia definitiva Nro. 025-18 de fecha 18 de mayo de 2018, dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, que declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la representación judicial de la sociedad de comercio VENTA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ROYMONCA, C.A., la cual se REVOCA.

2.- SIN LUGAR el recurso contencioso tributario incoado con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la referida sociedad mercantil, contra la “(…) Planilla de liquidación de ajuste de Sanción No. 051001233000201 de fecha 30 de Mayo de 2017, y planilla de pago forma. 09, No. 01203372 (…)” con fecha de notificación el 21 de junio de 2017, emitidas por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), las cuales quedan FIRMES.

Se CONDENA EN COSTAS PROCESALES a la empresa actora en el monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la cuantía del recurso contencioso tributario, en los términos expuestos en esta decisión judicial.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019). Años 208º de la Independencia y 160º de la Federación.

La Presidenta,

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

El Vicepresidente,

MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

La Magistrada,

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO

El Magistrado – Ponente

INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA

La Magistrada,

EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

En fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecinueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00072.

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

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